¿Usted cree que el gobierno del estado pueda entregarle a una empresa 95 millones de pesos para dispensarlos entre sus empleados sin que exista un contrato de por medio?
¿Que dicho servicio de distribución de recursos públicos, a través de monederos electrónicos, se hubiera adjudicado sin una licitación pública nacional o al menos mediante un concurso por invitación a tres empresas similares?
Pues si no lo cree debe empezar a hacerlo, ya que desde hace dos quincenas los recursos por concepto de despensa de los trabajadores de la administración pública estatal se entregan vía monederos electrónicos emitidos por la empresa Toka Internacional SAPI de CV.
Toka Internacional es una institución financiera emisora de medios de pago como vales de gasolina, monederos electrónicos y tarjetas de nómina, que ha obtenido contratos con el gobierno del estado mediante licitaciones públicas.
En marzo de este año fue contratada para distribuir pagos al personal del ISSSTEP por 32.8 millones de pesos y en diciembre del año pasado para dispersar 269.6 millones a trabajadores de la Secretaría de Salud por medio de monederos electrónicos.
Dichas licitaciones y contratos existen.
Donde no hubo licitación y donde todavía no hay contrato es en la última adjudicación que por 95 millones de pesos se hizo a favor de Toka Internacional para entregar el monto de la despensa a los trabajadores de la administración estatal de septiembre a diciembre de 2024.
Ese monto simplemente se le adjudicó por recomendación de Erick Fernando Ramos Soriano, director general de Capital Humano de la Secretaría de Administración, y de Rodolfo Walter Bermúdez Rendón, asesor de la subsecretaria de Administración, Ana Silvia Santillana García.
Pero lo más extraño, por no decir irregular y sospechoso, es la tasa de bonificación que se fijó a este broker financiero por el servicio de distribución de 95 millones de pesos de septiembre a diciembre de este año vía monederos electrónicos.
Regularmente la bonificación que paga Toka Internacional y otras empresas del ramo por este tipo de contratos millonarios fluctúa entre el 0.4 y el 0.6%, incluso hasta el 0.8%.
Sin embargo, en esta adjudicación directa, sin contrato hasta el momento, la tasa de bonificación es de apenas el 0.2%.
Este asunto, como el de las licitaciones de uniformes policiacos y chalecos antibalas hechas para favorecer a una empresa de nueva creación y sin experiencia, ni currículum en la fabricación de equipo de seguridad, como AMIN BUSINESS SA de CV, también apesta.
Y también apunta en la misma dirección. Ojalá el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, actúe antes de que ambos casos de favoritismo y tráfico de influencias se conviertan en monumentales casos de corrupción.
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