A lo largo de los últimos 200 meses el caso del Lydiagate se volvió un tema “tabú” para el Partido Acción Nacional y el empresariado poblano por la serie de complicidades que se acordaron entre la derecha y el exmandatario Mario Marín Torres, que implicó destinar miles de millones de pesos del erario para que el PAN, por medios de sus legisladores y gobernantes, le concedieran impunidad al político poblano en la trama de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Es un pacto que sigue vigente y ha implicado un silencio absoluto del panismo.
Para sustentar de lo anterior, dos botones de muestra son los siguientes:
El fin de semana se vivió un “sabadazo” con el repentino cambio de medidas cautelares que permitió a Mario Marín abandonar el penal del Altiplano –luego de haber estado recluido tres años y medio en esa prisión y otra más en Quintana Roo–, para enfrentar ahora desde su domicilio lo que resta del proceso penal por la tortura de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Frente a este hecho, hubo un mutis total del PAN. Pareciera que no existió la salida de la cárcel del gobernante local más vilipendiado por la derecha poblana.
Lo único que hubo fue una intervención menor, sin ninguna relevancia, de la presienta estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, que al finalizar una rueda de prensa –ofrecida este lunes— un reportero le preguntó sobre dicho asunto, a lo cual la dirigente respondió con una corta contestación, diciendo que tenía signos de “fuga” lo que había pasado con el exmandatario. Una respuesta desinformada y sin ánimo de impactar a la opinión pública.
Un segundo botón de muestra es que, en el reciente proceso electoral, el tema del conflicto Marín-Cacho estuvo totalmente ausente. El PAN lo tocó un par de veces, con total insignificancia.
Antes de la contienda, se sabe que en el equipo del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se preparó una estrategia para contrarrestar lo que parecía iba a ser el centro de los ataques de la oposición, que era: la relación entre el abanderado de la 4T y Mario Marín, ya que ambos fueron parte del grupo en el poder en el sexenio que duró de los años 2005 a 2011.
Fuera una descolorida mención del candidato a la gubernatura de la oposición, Eduardo Rivera Pérez, de aseverar en un debate: “Alejandro Armenta y Mario Marín son lo mismo”, el asunto del Lydiagate estuvo ausente durante las campañas electorales de este año.
Muchos suponían que brotarían miles de mensajes en redes sociales con el audio del empresario Kamel Nacif Borge llamando a Marín “el góber precioso”, y alabándolo como “el héroe de la película”, por el encarcelamiento ilegal de Lydia Cacho, en diciembre de 2005. Y que esos contenidos serían relacionados con la figura de Armenta, quien fue director del DIF estatal, secretario de Desarrollo Social y líder del PRI a lo largo del sexenio marinista. Nada de eso ocurrió.
Por el contrario, fue Armenta con más habilidad y contundencia quien usó el mensaje de decirle, una y otra vez, a Eduardo Rivera, que ahora él era parte del PRI, que estaba aliado con los priistas que tanto había cuestionado en el pasado y que protegía todos los abusos cometidos en el tricolor.
Frente a las palabras de Armenta, siempre hubo una tibia respuesta de Eduardo Rivera, de quien se percibió que el Lydiagate es un tema tabú, que no se toca.
El pacto
¿Por qué de este silencio cómplice del PAN? En esta columna se ha narrado en varias ocasiones como, en mayo de 2006, el entonces secretario de Gobernación federal, Carlos Abascal Carranza, viajó hasta Puebla para ofrecerle un pacto de impunidad a Mario Marín, que consistía en lo siguiente:
El PAN le garantizaba a Mario Marín no ser removido de la gubernatura de Puebla, luego de que en febrero de ese año había brotado el escándalo de las grabaciones entre el mandatario y el empresario Kamel Nacif, a cambio de que el jefe del Poder Ejecutivo local ayudara al entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, a ganar la contienda y derrotar a Andrés Manuel López Obrador.
Marín cumplió y le otorgó al PAN poco más de 130 mil votos que el albiazul no ganó en las urnas, y que fueron muy valiosos para vencer a la mala a AMLO.
Y desde entonces, en el PAN hubo una orden tajante: se acabó la frase “el góber precioso”, el Lydiagate y todos los episodios oscuros de 2006, el año en que Mario Marín “vivió en peligro”.
Después de esa orden de censura panista, en Puebla brotaron contratos de obras y servicios públicos, becas de estudios de posgrado en universidades privadas en el extranjero, plazas bien pagadas en el Poder Ejecutivo y la falta de fiscalización a las cuentas públicas de alcaldes albiazules.
Esos beneficios lo mismo corrieron a favor de líderes panistas de Puebla, como del sector empresarial de la época.
Por eso a todos, en la derecha, “se les olvidó” el caso Cacho.
Y ahora ese silencio de la derecha poblana sigue vigente, por que la información de los beneficios en cuestión seguramente está guardada en una caja fuerte y se podrían sacar a la luz pública, en caso de ser necesario.
