¿Qué tan pertinente es que llegue a Puebla la reforma judicial de la 4T? Se puede decir que es urgente que ocurra un cambio como el obradorismo lo ha planteado en el ámbito federal, ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado es una especia de agencia de colocaciones, en donde la carrera judicial pasa a un segundo plano. La mayor parte de nombramientos de jueces y magistrados obedecen al tráfico de influencias, el nepotismo y la formación de grupos de poder.
Solo es necesario revisar los últimos nombramientos en el TSJ, para afirmar que el Poder Judicial alberga una serie de vicios que explican en mucho porque el aparato de justicia en Puebla es clasista, ineficiente y corrupto.
En el discurso del TSJ se pondera mucho el respeto y el reconocimiento de la llamada carrera judicial para nombrar a magistrados y jueces, así como a los funcionarios de los juzgados, pero en la realidad es solo un mito.
Ejemplo de lo anterior: hace unos días, Jonathan Ávalos Meléndez fue nombrado nuevo magistrado, luego de que se desempeñó como titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.
Un importante legislador de Morena se atrevió a decir la desfachatez de que no era “un premio” el designar a este personaje. Sin embargo, surge la pregunta básica: si no tiene carrera judicial, ¿cómo se puede evaluar que Jonathan Ávalos Meléndez va a ser un buen magistrado del TSJ?
Cuando Mario Marín Torres era gobernador, impulsó como magistrado a su abogado defensor en el caso del Lydiagate, Ricardo Velázquez Cruz, quien además era el consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Antes de llegar a ese cargo, no tenía antecedentes en el TSJ.
Y esa tendencia se siguió repitiendo en los próximos años.
Rafael Moreno Valle cuando fue mandatario colocó al panista Roberto Grajales como integrante del TSJ, sin tener experiencia en este ámbito.
Lo mismo hizo Martha Erika Alonso Hidalgo, quien antes de llegar a ser gobernadora, influyó para que personajes cercanos a ella los designaran en puesto importantes en el Poder Judicial.
José Antonio Gali Fayad en el corto periodo en que fue gobernador de Puebla logró que su ex colaborador, Héctor Sánchez Sánchez, arribara al cargo de magistrado y luego presidente del Poder Judicial, sin nunca haber sido juez o funcionario de algún juzgado.
Unos años más tarde, de manera penosa Héctor Sánchez renunció a seguir siendo parte del TSJ, bajo señalamientos de una mala gestión, mismos que nunca fueron investigados. O si hubo una revisión a su desempeño, nunca se hizo pública.
Esos mismos vicios llegaron con la 4T en Puebla.
Carlos Palafox Galena fue titular de la Consejería Jurídica con el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y luego lo nombraron magistrado, así como presidente del Consejo de la Judicatura. Antes de estos puestos, había sido notario, pero no un servidor público del terreno judicial.
Lo mismo que pasó con Héctor Sánchez que tuvo una presencia penosa en el Poder Judicial, lo mismo ocurrió con Carlos Palafox que no llegó al segundo año de su gestión en el TSJ y acabó renunciando. Con la misma rapidez que encumbraron a estos personajes, se acabaron derribando ellos mismos.
Ahora se repite la misma historia: Jonathan Ávalos Meléndez pasó de consejero jurídico del gobierno del estado a ser magistrado del Poder Judicial, solo bajo el criterio de haber tenido la mayoría de los votos de los diputados del Congreso local, sin importar que no tiene carrera en el TSJ.
Lo interesante es que el lugar que dejó vacante Jonathan Ávalos Meléndez fue ocupado por Arturo Sandoval Sánchez, quien es encargado de despacho de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, y resulta que el segundo de ellos es hermano de Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien fue magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado y esta mujer siempre se le observó como cercana a los intereses del morenovallismo.
Otro ejemplo de los vicos del Poder Judicial podría ser el siguiente: el actual director de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, es un juez con licencia. Sin embargo, se dice “en el radio pasillo” que, por la influencia que ejerce en el Poder Ejecutivo, habría logrado colocar a dos de sus incondicionales como magistrados del TSJ.
Se trata de Gerardo Gutiérrez Gayosso e Isaí Rivas López, quienes recientemente lograron cargos en la cúpula del Poder Judicial. Eso es lo que se comenta, o mejor dicho se especula, entre trabajadores del TSJ y abogados litigantes.
Por si fuera poco, se dice que Daniel Iván Cruz Luna próximamente podría ser nombrado consejero de la Judicatura, ya que hay un lugar vacante, el que dejó César Iván Bermúdez Minutti.
Muchos integrantes del TSJ dan por hecho que, si se concreta la llegada de Daniel Iván Cruz Luna al Consejo de la Judicatura, va a tener más poder que José Eduardo Sánchez Hernández, el actual presidente de ese órgano de control del TSJ.
En resumen: si se necesita que los magistrados en Puebla sean nombrados por el voto popular de la población y no por la red de relaciones familiares e intereses políticos que han dominado en la designación de jueces y magistrados.
