El tristemente célebre Caso Accendo es un elefante blanco en medio de la sala.
Pero, a pesar de lo que muchos y muchas creen, no quedará impune.
El desfalco por más de 600 millones de pesos al erario de Puebla, no es poca cosa.
Y la aplicación de la ley, va en serio.
Las responsables, y los responsables, tendrán que asumir las consecuencias.
La investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado, sobre la fallida inversión en Accendo Banco S.A. (Institución de Banca Múltiple), está a punto de concluirse.
Un documento en manos de este reportero ayuda a adelantar escenarios.
Función Pública, a cargo de Juan Carlos Moreno Valle, concluye que la entonces secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, no hizo lo suficiente para recuperar el dinero de los poblanos y las poblanas, con sus debidos intereses.
Señala, literalmente, varias deficiencias.
Pero, en especial, tres:
“Falta de un estudio de mercado en el que se demuestre fehacientemente que la Institución de Banca Múltiple que resulta ganadora, es la idónea para cierta inversión.
“Falta de un procedimiento específico de Inversiones Bancarias en el que el Gobierno del Estado de Puebla, pueda ser parte sin poner en riesgo las finanzas del patrimonio.
“Falta de seguimiento de un procedimiento legal, ante los órganos jurisdiccionales competentes, para la recuperación de los recursos estatales”.
En otras palabras: no pudo o no quiso o ambas cosas para recuperar el dinero público, invertido en Accendo Banco a recomendación -por cierto- de uno de los más grandes pillos del Partido Acción Nacional: el ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero.
Hace unos días, durante una entrevista con cinco periodistas -entre ellos este-, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue interrogado al respecto.
El mandatario no sólo no evadió el tema; fue muy claro.
Dijo que el asunto está corriendo en términos legales, que las denuncias correspondientes están interpuestas y que no hay ni habrá carpetazo.
“Porque es un deber moral y es lo que te obliga la ley, y la omisión es un delito”, subrayó.
También informó que su gobierno está pendiente del fallo de la Comisión Nacional Bancaria, la cual debe decidir si el patrimonio de Accendo Banco, en proceso de liquidación, alcanza para indemnizar al estado de Puebla.
Una posibilidad, hay que decirlo, muy remota.
Por su parte, el titular de la SFP, Juan Carlos Moreno Valle, fue cuestionado al respecto el pasado miércoles en el marco de la rueda de prensa que, con motivo del inicio de la transición, ofrecieron en el CIS el gobernador Sergio Salomón y el gobernador electo Alejandro Armenta.
El secretario dijo que a finales de este mes de junio se informará si existen responsabilidades administrativas contra algún ex funcionario y confirmó que el gobierno presentó las denuncias correspondientes.
“La próxima semana me presenta ya el despacho su dictamen; una vez terminado ese dictamen el despacho, nosotros cerramos el expediente y calificamos las conductas, ahí es cuando inicia si alguien comete una falta administrativa se manda a traer e inicia el procedimiento”, explicó.
Por este escandaloso caso, Castro Corro tuvo que renunciar a la Secretaría de Finanzas, de la que salió por la puerta trasera.
El caso también salpicó a la entonces auditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, quien curiosamente no vio ni se enteró de nada, a pesar de que era su obligación detectar y denunciar el desfalco.
El reloj no se detiene.
Tic-tac…
Tic-tac…
No, el Caso Accendo no va a quedar impune.
Y es que no son 10 pesos.
Son ¡608 millones de pesos!
