El resultado en las urnas pulverizó a la oposición en Puebla y esa condición le garantiza al próximo mandatario, Alejandro Armenta Mier, tener un gobierno fuerte, estable, legitimo y con un alto grado de popularidad. Por eso su principal reto será que ese “bono democrático” no se agote, no se acabe, en el mediano plazo, tal como ocurrió en el trienio de 2018 a 2021. Para que eso no ocurra hay, por lo menos, tres factores que debe atender el nuevo titular del Poder Ejecutivo, que son: cumplir con las promesas de mayor impacto social y no caer en autoritarismos; reconstruir al Partido de Regeneración Nacional (Morena) para que deje de ser solo un membrete, carente de liderazgos políticos; y procurar que los alcaldes de la 4T actúen cercanos a los principios del movimiento obradorista y no sean fuente de malestar ciudadano.
Entre la clase política se ha acuñado una frase lapidaria: “Morena es el partido que en una elección arrasa y en la siguiente elección lo derrotan horrible”.
Dicha afirmación no es del todo correcta al ser Morena un partido joven, con una corta vida electoral frente a otras fuerzas políticas. Sin embargo, si es una frase que se ajusta a lo que pasó en el trienio de 2018 a 2021.
La 4T en 2018 vapuleó a la oposición en Puebla, al obtener poco más de un millón 700 mil votos, una marca nunca antes alcanzada. Sin embargo, tres años más tarde tuvo una caída de unos 700 mil votos –en números redondos—y perdió casi todos los ayuntamientos importantes que encabezaba, como consecuencia de malos gobiernos municipales.
Sin contar que, en la elección extraordinaria de gobernador del año 2019, la 4T tuvo una reducción drástica de un millón 100 sufragios.
Ahora Alejandro Armenta se ha convertido en el candidato más votado de toda la historia política de Puebla, al llegar a un millón 908 mil 954 sufragios, que supera a la marca de la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, quien ganó la gubernatura en 2018 con un resultado plagado de irregularidades y que llegó al millón 153 mil 079 votos.
Para que no se repita la misma historia del trienio 2018–2021, Alejandro Armenta tiene que apuntalar tres aspectos nodales de su próximo gobierno:
Primero: tiene que hacer cambios profundos en el mediano plazo, de alto impacto social cuyos beneficios sean percibidos por el grueso de la población. Debe cumplir con las promesas de alto calado y no reducirse a logros menores como remodelar –por enésima vez– el Centro Histórico de Puebla, bachear carreteras y cambiar el funcionamiento vial de algunas calles.
Si Armenta quiere que su gobierno trascienda y no fracase en su primer tramo, es fundamental que desprivatice el servicio de agua potable en la capital y municipios vecinos. Si incumple esta promesa, tal como pasó en el trienio 2018 y 2021, la población se lo va a volver a cobrar a la 4T en las urnas en la siguiente elección, la de 2027.
Tiene que romperse con el círculo de impunidad que los últimos gobiernos le han dado al robo de combustible, los asaltos carreteros, la violencia de género y el narcomenudeo. Muchas regiones del estado están en crisis por esos altos índices de criminalidad.
El próximo mandatario debe pugnar para que funcione el nuevo esquema de los servicios públicos de salud y la atención en hospitales de Puebla deje de ser una tragedia.
Y lo más importante, que el gobernador no caiga en la tentación autoritaria de querer resolver conflictos sociales con el uso de la persecución judicial o de aplacar las críticas ciudadanas, periodísticas y de actores políticos.
Puebla es un estado en donde se ha criminalizado la protesta social y se le ha dado impunidad al crimen organizado.
Si Armenta quiere ser un gobernante distinto, tiene que cambiar el orden de las cosas en materia de seguridad pública y estabilidad social.
Segundo: el debilitamiento de la 4T, en Puebla y otras entidades durante los primeros 3 años de gobierno de dicha expresión política, fue en mucho por la existencia de alcaldes ladrones, autoritarios, déspotas y carentes de sensibilidad social.
En mucho se debió, por lo menos en el caso de Puebla, porque ni Morena como partido político, el Congreso local con mayoría morenista y el gobierno del estado, emanado del movimiento obradorista, tuvieron la capacidad de procurar, cuidar, sancionar, exhibir, a los alcaldes de la 4T que ejercieron el poder el viejo etilo del Prian y nunca tuvieron el interés de actuar de manera diferente.
Ahora se corre el riesgo de que se repita la misma historia de los dos últimos trienios, con la presencia de malos presidentes municipales.
Muchos candidatos que ganaron –el 2 de junio– las elecciones municipales bajo las siglas de Morena y sus aliados, tienen origines y una formación política más cercana al clásico autoritarismo del PRI y el PAN, y están muy lejos de comulgar con los principios del movimiento obradorista.
Armenta tiene que buscar una manera de evitar que los alcaldes de su movimiento político en lugar de atender las demandas ciudadanas acaben siendo fuente de conflictos y de malestar social.
Tercero: Morena tiene que volverse un partido activo, crítico y promotor de los principios de la 4T.
Actualmente el llamado partido oficial es solo un membrete ausente en los espacios de opinión pública, en la vigilancia de los gobiernos de la 4T y sus dirigentes solo son figuras de ornato, sin ninguna autoridad.
