Una muestra clara de la corrupción que priva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) es el siguiente caso: desde hace 20 meses se le embargó a Armenta Automotriz –que es una de las agencias de venta de autos más grande de Puebla—un lote de 10 vehículos para que cumpla con un laudo que perdió la empresa, por un monto de 2.6 millones de pesos, y es la fecha que a los afectados no les pagan, pese a que ya existe un mandato federal para que se cumpla con el fallo.
Es un caso que se narró en esta columna por primera vez en agosto de 2023 y resulta sorprendente, o mejor dicho indignante, que ya transcurrieron 11 meses y simplemente no pasa nada en la Junta Especial 6, a cargo de Erick Loeza Villaseñor. Situación que exhibe que la JLCA está protegiendo los intereses económicos de Armenta Automotriz y no de los agraviados por un abuso laboral.
Aunque para ser precisos y que aumente la indignación es necesario señalar que el caso –hace un par de meses– cumplió 14 años sin que se pueda resolver.
Cuando Alejandro Flores Huerta demandó a Armenta Automotriz por despido injustificado, era marzo de 2010, todavía estaba el PRI en el poder y nadie se imaginaba que tres meses más tarde perdería el control del gobierno del estado.
Ya pasaron gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, sin que se pueda hacer justicia laboral a la familia de Alejandro Flores Huerta.
El afectado demandó –mediante el expediente 131/2010— a Armenta Automotriz y cuatro años más tarde ganó el litigio, en todos los términos que reclamó.
Alejandro Flores Huerta no pudo cobrar la liquidación que se ordenó, debido a que la JLCA empezó a actuar con dilación para ejecutar la sentencia y el demandante muere por una enfermedad, un año y 8 meses después de haber ganado el litigio.
Rosa María Montes Palestino, la viuda del finado, retomó el caso, acreditó su personalidad jurídica y luego, de muchos obstáculos, en 2022 logró que se actualizara el monto de la liquidación, misma que se fijó en 2 millones 681 mil pesos.
Luego de ello, el asunto entró en un marasmo, no pasaba nada, no se movía nada. La agraviada recurrió a la Procuraduría de Defensa del Trabajo (Prodet) para asesorarse y buscar que se terminara el juicio.
Semanas más tarde, la Prodet le respondió que el litigio no avanzaba porque Armenta Automotriz de había declarado con insolvencia económica para cubrir el laudo.
Lejos de conformarse, la agraviada investigó y descubrió que la Prodet le mentía, pues esta instancia en realidad nunca había realizado el trámite para que se ejecutara el laudo ganado.
Se volvió a replantear el litigio y hace 20 meses, se logró que un juez ordenara un embargo contra Armenta Automotriz –de 10 vehículos—y se ejecutara ese mandato.
Desde hace casi un año, la JLCA tiene en su poder los bienes embargados y simplemente, no se los entrega a la familia del finado Alejandro Flores Huerta.
Y es que un funcionario de la Prodet le dijo a esta mujer que podía recibir 100 mil pesos en lo inmediato, si retiraba la demanda. La mujer rechazó esa extorsión y lleva meses esperando que la JLCA cumpla con sus obligaciones.
No cabe duda de que es puro cuento que a la 4T le interesa la justicia laboral. Por lo menos en el caso de Puebla eso no es así.
Carta abierta
El representante de Rosa María Montes Palestino solicitó la difusión de una carta a la opinión pública. Esta es la misiva:
“A la opinión pública:
¿Existirá la justicia laboral en Puebla?
No existe estado de derecho ni respeto a las leyes laborales, ni a los tratados internacionales en materia laboral en Puebla, por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en específico la PRODET Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado, ante la negligencia por el incumplimiento de sus funciones en la defensa de los derechos del trabajador específicamente dentro del expediente D-6/131/2010. Lo anterior porque el expediente se inició en el año 2010 y en el 2014 se dicta laudo condenatorio a la empresa denominada Armenta Automotriz, S.A. de C.V., en favor del trabajador Alejandro Flores Huerta.
Es claro y consta en el expediente la serie de anomalías, contubernio y colusión que existe entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la PRODET, y la empresa o patrón demandada, denominada Armenta Automotriz, S.A. de C.V., lesionando los intereses del trabajador y de los menores beneficiados, por favorecer a la empresa patronal, por una serie de acciones y omisiones y violaciones a los derechos humanos del trabajador.
¡Continuará lucrando y enriqueciéndose Rubén Huerta Yedra?, expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a costa de la clase trabajadora o habrá que denunciarlo ante la unidad de inteligencia financiera por el enriquecimiento inexplicable a costa de los trabajadores, quien como presidente de la junta local de conciliación y arbitraje del Estado patrocinaba y favorecía a la empresa o persona moral Armenta Automotriz S.A. de C.V.
A un expresidiario José Luis Ayala Corona, igualmente continuará lucrando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya que como procurador de la Defensa del Trabajo personaje que de la misma manera favorecía y patrocinaba a la empresa o persona moral Armenta Automotriz S.A. de C.V., en contra de los intereses del trabajador Alejandro Flores Huerta y BENEFICIARIOS, personaje que estuvo involucrado por extorción. De la misma manera habrá que presentar denuncias ante la unidad de inteligencia financiera para que explique su enriquecimiento inexplicable.
Estos personajes que lideran la corrupción en Puebla y los actuales titulares de los tribunales laborales y de la PRODET estarán en contubernio o colusión o integran una banda dedicada a perjudicar a la clase trabajadora, ya que pasan años y no cobran las prestaciones laborales, dejando prácticamente sin efecto la ejecución de un laudo.
Fernando Montes Gómez
