Los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia han vuelto a meter el tema del agua potable y el eventual retiro de la concesión –concretada por el gobierno panista de Rafael Moreno Valle en 2013– en la agenda pública.
De la misma forma que lo hicieron en la contienda de 2018 y después Miguel Barbosa lo replicó en 2019, en la elección extraordinaria de gobernador, los representantes de Morena y sus partidos aliados han retomado un asunto sensible y polémico para los poblanos.
La privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado, que hasta antes de 2013 otorgaba el Soapap en la ciudad de Puebla y algunos otros municipios del área metropolitana, es todavía un acontecimiento fresco en la memoria colectiva.
Para los políticos en campaña es fácil predecir cómo van a reaccionar los potenciales electores de la zona si se les dice, una vez más, que el retiro de la concesión es posible y que, en caso de llegar al poder, harán todo aquello que sea necesario para regresar la administración de los servicios al Estado.
Movidos por la necesidad de ver reducido el recibo mensual que pagan por el agua, los ciudadanos –que al mismo tiempo son usuarios y votantes– prestarán atención de nueva cuenta a las promesas que les hagan los candidatos para supuestamente revertir, ahora sí, la concesión.
Cualquiera que alimente la esperanza del “pago justo” será escuchado y bien recibido en esta campaña, muy a pesar del incumplimiento que hicieron en el pasado los políticos –luego convertidos en gobernantes o diputados– emanados de esa misma coalición y que realizaron idéntico compromiso.
Los candidatos de Morena y la 4T que fueron a las contiendas de 2018 y 2019 prometieron tirar la concesión y no lo hicieron.
Desde los poderes ejecutivo y legislativo hubo argumentos de sobra para echarse para atrás.
¿El principal?
Que el gobierno tendría que desembolsar 8 mil millones de pesos para indemnizar a Agua de Puebla en caso de que, por un mero manotazo en la mesa, se procediera a la reversión.
“Moreno Valle nos dejó amarrados. Hizo el contrato de tal manera que no se puede deshacer la concesión sin pagarle una suma multimillonaria a los empresarios”, se repitió una y otra vez desde la cúspide del poder para explicar la falta del acuerdo pactado con los electores.
La opinión pública compró esa justificación y calmó las aguas.
“Se quiere, pero no se puede, así que ni hablar”, fue la resignación… hasta esta nueva elección.
Morena, la 4T y sus candidatos a los principales puestos de elección popular retomaron el tema.
Con Alejandro Armenta Mier a la cabeza, se han manifestado en contra de la concesión del agua y han prometido que la van a revisar
El candidato a gobernador ha sido más o menos prudente.
Ha expresado su rechazo, ha insinuado la posibilidad de revertirla, pero no se ha comprometido a hacerlo.
El fin de semana dijo que revisará el tema en caso de ganar la gubernatura, pero nada más.
Otros, en cambio, han ido más lejos.
Elvia Graciela Palomares Ramírez, por ejemplo, candidata a diputada local por el distrito 16, quien tiene el récord de haber transitado por cinco partidos políticos en menos de una década, sí que lo ha hecho.
Pero no ha sido la única.
Los candidatos de Morena y la 4T han vuelto a jugar con el asunto de la concesión del agua.
La han metido en su lista de promesas.
Esperemos que, esta vez, de manera menos irresponsable.
