Ni porque está en campaña electoral como candidato a senador de la República ni porque se busca presentarse como un destacado político de izquierda, Ignacio Mier Velazco “se tentó el corazón” para evitar aprobar un acuerdo que deja a más de mil 500 asesores y asistentes de la Cámara de Diputados sin sus últimos tres meses de salarios, correspondientes al periodo de conclusión de la LXV Legislatura federal.
Hace unos días en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el poblano Ignacio Mier Velazco, se acordó que a los asesores, asistentes y auxiliares administrativos de los 500 legisladores federales únicamente se les va a pagar sus salarios hasta el mes de mayo, más una compensación, como una manera de que aguanten seguir laborando hasta agosto próximo, fecha en que concluye el periodo oficial de los actuales representantes populares.
El argumento oficial para aprobar ese ominoso acuerdo es que ya se acabaron los fondos de la Cámara de Diputados y por tanto, ya no hay dinero para pagar los salarios de los próximos meses, después del 30 de mayo.
Sin embargo, esa versión acabó resultando ser un intento de “leerle la mano a una gitana”, porque los afectados con el recorte de los salarios son los expertos, lo que permiten, que funcione la Cámara de Diputados.
Y por ende saben perfectamente que, desde finales de 2023, cuando la Cámara de Diputados aprobó el paquete fiscal para el presente año se presupuestó y se programó el pago de salarios a los asesores hasta agosto próximo, junto con una compensación correspondiente al fin de la LXV Legislatura federal.
Por tanto, a los agraviados les queda claro que en realidad lo que ocurre es que los líderes de los grupos parlamentarios se quieren apropiar, o mejor dicho “robar”, los 352 millones de pesos de la bolsa de salarios que todavía se tienen que pagar al personal eventual que ha venido laborando con los diputados federales de todo el país.
Fue tanto el enojo, que ayer dentro de la Cámara de Diputados, unos 200 asesores realizaron una marcha en contra del morenista Ignacio Mier Velazco, para reclamarle que cumpla con las obligaciones laborales que en tribuna tanto pregonan los diputados federales de la 4T, que se ostenten como defensores de la clase trabajadora.
Esa situación obligó a Ignacio Mier a salir a “darles la cara” a los inconformes y establecer, que originalmente el proyecto era pagar los salarios hasta el presente mes de abril, pero que en una actitud bondadosa de los líderes de los grupos parlamentarios se acordó que se va a sufragar las obligaciones económicas hasta mayo próximo.
Agregó, el político oriundo de Tecamachalco, que para ayudar a la economía de los trabajadores se les va a entregar una compensación adicional, equivalente a varias semanas de sus sueldos.
Dicha explicación de Nacho Mier, o Morenacho, tal como le gusta que le digan en los mítines políticos, fue como “echarle gasolina a un incendio para intentarlo apagarlo”, ya que los agraviados saben que no hay ningún motivo válido para decir que “se acabó” el dinero y mucho menos, el argumentar que por un esfuerzo adicional se va a pagar una compensación, cuando dicho beneficio ya estaba incluido en el presupuesto de la Cámara de Diputados cuando se votó a finales de 2023.
Ante esa actitud autoritaria y tramposa de Ignacio Mier, que son dos rasgos que siempre le acompañan a su desempeño político, los asesores empezaron a recurrir a sus jefes, es decir a los diputados federales, para exigirles que se firme un punto de acuerdo que obligue al cumplimiento de las obligaciones laborales en cuestión.
Vergonzosamente cuando los trabajadores solicitaron el apoyo a los legisladores, en los grupos parlamentarios de Morena y del PVEM, es decir a los miembros de la 4T, ya se les había dado la instrucción a los diputados de que rechacen firmar esa petición.
También en el PAN, la mayoría de los diputados ignoraron el reclamo de sus propios colaboradores.
Fueron unos pocos legisladores de Morena, que actuaron con congruencia, así como el panista Juan Carlos Romero Hicks, que se unieron al reclamo de los trabajadores inconformes.
De manera sorprendente, el apoyo en contra del atropello laboral mejor vino de los diputados del PRD.
En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, la legisladora Susana Prieto Terrazas, fue la única voz valiente y congruente que se subió a denunciar el abuso de los representantes populares de México.
Con una excelente pieza oratoria, la exintegrante del grupo parlamentario de Morena cuestionó: que es absurdo que se hable tanto de la “legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”, para que al final sus integrantes acaben siendo “explotadores laborales” que no les quieren pagar los salarios completos a sus propios colaboradores y trabajadores.
Criticó a las diputadas que suben a tribuna para “defender a mujeres chingonas”, en alusión a las intervenciones a favor de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, y se les olvida que también, ahí en la Cámara de Diputados, “hay asesoras chingonas… enlaces legislativas chingonas… asistentes chingonas.. auxiliares administrativas chingonas… fotógrafas chingonas” a las que no se les quiere pagar sus salarios.
Mucha razón tiene la diputada Susana Prieto y que descaro tiene el poblano Ignacio Mier.
