En los litigios complejos hay señales claras para distinguir a quienes estudian carpetas de quienes coleccionan micrófonos.
El caso de Miguel Ángel Celis Romero es ilustrativo: por su entorno han desfilado equipos legales con fama no por su técnica, sino por su habilidad para facilitar trámites por decirlo con elegancia o por presumir cercanías que, al final, no mueven un solo folio judicial.
El patrón se repite.
Primero, abogados reconocidos más por su acceso que por su litigio; luego, defensas mediáticas.
Ahí aparece Gustavo Herrera, conocido por convertir casos en espectáculo y por resultados, cuando menos, discutibles.
Después, el salto al micrófono permanente de Carlos Tress Ogazón, un ilustre desconocido que encontró en Tehuacán una tarima para ensayar frases grandilocuentes y acusaciones graves que, curiosamente, no vienen acompañadas de respaldo jurídico.
Dato objetivo: a la fecha de esta columna, el autodenominado apoderado legal no figura nombrado en las dos carpetas penales que dice encabezar.
Aun así, se presenta como tal sin desmentido público.
También se le ha visto cargándole expedientes a un exfuncionario de la Fiscalía veracruzana, “figura rodeada de reportajes incómodos”, lo que refuerza la sensación de ruido sin litigio.
El problema de hablar mucho es que las contradicciones se oyen.
En una misma semana, el apoderado afirma que la contraparte no es socio y, al siguiente micrófono, sostiene que debe a la empresa cientos de millones.
¿Es parte o no lo es?
Si no lo es, ¿cómo debe?
Que alguien le pase un manual básico de coherencia.
O quizá ironías de la vida está buscando las olas de Veracruz en Tehuacán.
Si el objetivo era mediatizar el proceso, misión cumplida.
Si era construir una mala percepción cerrando calles y ensayando la épica del “Mandela de Tehuacán”, también.
Si buscaban llamar la atención de autoridades estatales con molestias públicas, ahí están los reflectores.
Lo que no aparece es el avance jurídico.
Mientras tanto, las audiencias se posponen no por fuerza mayor, sino por dilaciones solicitadas por la propia defensa al mismo tiempo que se promete, con pecho inflado, ganar “todas”.
La aritmética no cierra.
Hay más.
Circulan audios muy comprometedores donde se escucha presión a trabajadores para marchar y uso de camiones de la empresa; luego, la negación pública.
Se exhibe a una madre octogenaria como escudo emocional.
Esa línea no es baja: es totalmente innecesaria.
Y cuando el propio apoderado admite enfrentar la tormenta perfecta para después rebajarla a chipi chipi, termina por revelar que el talento traiciona al discurso.
Remate involuntario: afirmar que “no es penal” lo que claramente sí lo es: fraude y extorsión.
El contraste con Alfonso Celis Enecoiz es evidente.
Conocido como “El Piloto”, no ha salido a los foros pese a tenerlos; no ha respondido insultos; no ha cerrado calles.
Su equipo legal local, poblano y tehuacanense, ha optado por silencio estratégico y una frase que incomoda al ruido: confianza en el Estado de derecho.
Cachetada de guante blanco.
Mientras uno desconfía del talento local y busca salvavidas externos, el otro confía en él.
Mientras uno habla, el otro litiga.
Mientras uno promete victorias, el otro espera resoluciones.
Este jueves hay audiencia.
Ojalá el desenlace sea próximo y Tehuacán deje de estar secuestrado por este espectáculo interminable.
Porque al final, en los procesos serios, ganan los expedientes.
Los micrófonos, tarde o temprano, se apagan.
(Y no lo digo solo por este espinoso caso).
