Ya sea por desconocimiento o simplemente para justificar el salario de los abogados electorales, la presentación de quejas y denuncias durante la temporada se convierte en una pesada losa para los organismos electorales.
No se asombre si en los próximos días nos enteramos de quejas que francamente resultan ridículas o que en plena temporada de auditorías se solicite la fiscalización de botones, corbatas o lo que a bien se les ocurra a los bandos.
Porque sí, las denuncias son interpuestas principalmente por los partidos políticos. Son los representantes de estos quienes lo mismo se quejan por cosas reales como por proyectos que, saben, carecen de materia para lograr una sentencia firme.
Las denuncias siempre han jugado un papel importante en la elección. Se busca, en algunas ocasiones, que al rebasar el tope de campañas se le retire la candidatura a algún oponente; pero también se trata de un discurso que ayude a generar una percepción: que el adversario incumple con la ley.
El problema del alud de quejas y denuncias que se presentarán ante el INE o el IEE es que cada uno de estos institutos deberá armar un expediente por cada protesta y hacerlo llegar al tribunal, local o federal, ocasionando un embudo y el retraso de las resoluciones verdaderamente importantes.
Y con esto no quiero decir que todas las querellas sean absurdas. Es claro que se necesita denunciar todos los casos en donde los servidores públicos condicionen un servicio o el empleo a cambio del voto, lo mismo que sea el propio presidente de la República, que el director de algún área.
Los actos de verdadera discriminación o donde exista violencia política en razón de género, también deben ser puntualmente documentados y denunciados.
Pero estará de acuerdo conmigo que existen quejas sin argumentos, viles ocurrencias, elaboradas por mentes ociosas y que para eso no hay multa ni sanción.
Es imperante incluirlo en nuestras leyes para sancionar el desperdicio de tiempo y recursos que provocan estos denunciantes a sueldo.
Las 72 horas para Presidencia
Después de que se confirmó que los datos personales de más de 300 periodistas, incluyendo pasaportes, INE, RFC, CURP y medios de comunicación que representan, fueron divulgados; el INAI dio un plazo a la Presidencia de la República para que explique por qué y cómo fue filtrada dicha información.
A las constantes agresiones y descalificaciones que enfrentan las y los comunicadores que asisten a la llamada mañanera, ahora habrá que agregar el riesgo de que sus datos personales, que incluyen dirección y año de nacimiento, se encuentren en manos desconocidas.
La responsabilidad de un funcionario de gobierno es real, no se trata de una exageración ni de una “falsa mentira”. La ley establece que el Gobierno federal es responsable de salvaguardar dicha información.
La filtración, que no es la primera en este sexenio, pone en riesgo la vida de muchas personas y es una afrenta directa contra la democracia de nuestro país, donde cada vez es más complicado ejercer el periodismo.
¿Con qué maroma o machincuepa saldrán ahora?, ¿Qué frase se inventarán para negar lo que es evidente?
Veremos y diremos.
