Una reforma necesaria que obligaría a los candidatos a ser responsables con sus propuestas de campaña, a los partidos políticos a registrar ante el INE y el IEE plataformas electorales viables y ejecutables, y a los ciudadanos a reflexionar mejor su sufragio, sería establecer sanciones a los partidos, coaliciones y candidatos que incumplan sus propuestas de campaña.
Las sanciones podrían ser diversas: desde multas económicas, dependiendo del grado de incumplimiento de lo que se ofreció en campaña, hasta la pérdida del 50% del financiamiento público del partido que haya postulado al gobernante si este no cumple al menos con el 50% de sus compromisos de campaña durante su periodo, y la inhabilitación del político para un siguiente cargo de elección popular.
A continuación, le cito algunas promesas de dos gobernantes de Puebla que tuvieron un final trágico.
En 2010 Rafael Moreno Valle, que fue postulado a la gubernatura por la coalición Compromiso por Puebla, conformada por el PAN, Convergencia, Nueva Alianza y el PRD, suscribió un documento titulado “Cumplo mis compromisos o me voy”, en el que resumió su propuesta de gobierno.
Moreno Valle ganó los comicios pero no cumplió varias propuestas, entre ellas la de crear un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, la de entregar a ciudadanos independientes la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para que el gobierno no pudiera entorpecer el acceso a la información pública, la implementación del programa “Emprende Clic”, que permitiría a cualquier emprendedor abrir su empresa de manera inmediata a través de Internet, la creación de ventanillas únicas para trámites empresariales de los tres niveles de gobierno, utilizando un mismo portal electrónico con captura única de datos, y la homologación de las leyes de ingresos de todos los municipios de la entidad para que los trámites tengan requisitos, formatos y costos equiparables con el mínimo de burocracia.
A la lista de promesas incumplidas habría que agregar la creación del programa “70 y más” en zonas urbanas, otorgando 500 pesos mensuales a todos los adultos mayores que no obtuvieran acceso a los beneficios del programa federal; la creación del Observatorio Ciudadano de Justicia con el propósito de transparentar la actuación de jueces y ministerios públicos, incrementar su eficacia y aumentar el número de consignaciones; impulsar los juicios orales en todas las materias de competencia estatal; la instalación del programa “Hambre Cero”, que consiste en la instalación de un comedor comunitario en cada uno de los 29 municipios de muy alta marginación en el estado; y pagar a los ciudadanos el costo de aquellas medicinas del cuadro básico ampliado, que tengan que comprar por falta de disponibilidad en los hospitales y centros de salud del Gobierno del estado.
Entre las obras de alto impacto que Moreno Valle ofreció y no entregó destacan las siguientes: la modernización de los aeropuertos Hermanos Serdán y de Tehuacán, la consolidación de un Puerto Seco en Huejotzingo, el desarrollo de la Ciudad Verde Valsequillo y la construcción de una autopista de cuatro carriles Metepec-Milpa Alta, en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México.
Nada de lo enunciado líneas arriba se cumplió y Rafael Moreno Valle tampoco se fue a la mitad de su sexenio.
Lo mismo sucedió con el desaparecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fue candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia –integrada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social– en los comicios ordinarios de 2018 y en los extraordinarios de 2019.
¿Qué prometió Barbosa?
Terminar con las privatizaciones de los servicios públicos y revertir las concesiones del agua potable, la recolección de basura y fotomultas; introducir en la legislación poblana la figura de revocación de mandato por actos de corrupción y la reparación del daño; la independencia de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; la autonomía de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y prohibir los proyectos de muerte, usando todos los medios legales y pacíficos para frenar la destrucción de la naturaleza.
Dentro de sus llamadas propuestas programáticas, el extinto gobernador morenista también prometió “ejercer el poder sin odio y gobernar sin rencores”; establecer pensiones de mil 100 pesos a los adultos mayores, a las madres solteras y a las personas con capacidades diferentes; otorgar becas de 2 mil 400 pesos a los estudiantes de nivel medio superior y superior, y apoyos de 3 mil 600 pesos mensuales a los aprendices de diversos oficios, y la creación de 80 mil empleos en el campo.
La gestión fue corta. Estuvo al frente de Ejecutivo tres años cuatro meses, pero si aún hubiera gobernado seis años, tampoco hubiera cumplido ni un tercio de lo que prometió en su “Propuesta programática” a la gubernatura.
Espero que ahora comparta conmigo la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el (IEE) sancionen a los partidos y candidatos que registren plataformas irrealizables, promesas engañosas y compromisos falsos e inviables.
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