Es un hecho, 2023 cerrará como uno de los años más sangrientos en la historia de Puebla.
En este año, el estado ha registrado una serie de ejecuciones en los más diversos municipios de la entidad, lo cual habla de la presencia de la delincuencia organizada, cosa que antes no ocurría.
La capital tampoco es ajena a este fenómeno, el cual provoca miedo entre la sociedad, la cual sabe que esto es producto de la ola de violencia que azota a todo el país, ya que, es un hecho, Puebla no es una isla.
No hay un solo ente que sea el culpable, aunque vale la pena deslindar las responsabilidades de cada uno de ellos y el rol que han jugado para que 2023 sea considerado como uno de los años más sangrientos en la historia de este país.
En primer lugar, debemos poner en el banquillo de los acusados al Gobierno federal y su política, según ellos, basada en la estrategia “exitosa” de “abrazos y no balazos”.
Esta política ha permitido que los grupos delictivos del país prácticamente se sientan intocables y basta señalar un hecho que marcó por encima de todos los políticos en materia de seguridad al presidente López, la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán alias “El Ratón”, alias “El Chapito”, quien fue detenido mediante un operativo de la Marina, el 17 de octubre de 2019, y liberado casi de manera inmediata, desatando una serie de eventos de inseguridad en la ciudad de Culiacán. Era clara la impunidad que gozaba este sujeto y su organización.
Ese evento marcó el rumbo de lo que sería el sello de la administración del presidente López, los grupos delictivos son prácticamente intocables y más si se trata de integrantes del Cartel de Sinaloa. No por nada tantas visitas del Ejecutivo federal a Badiraguato.
Por si fuera poco, para el 2021 se eliminó el Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad, el famoso Fortaseg.
Estos recursos hasta el 2020 se etiquetaban dentro del presupuesto federal para apoyar a estados y municipios a poder, de esta forma, contratar y capacitar a elementos policiacos; de la misma manera, estos recursos se utilizaban para la compra de material y equipo de seguridad para combatir a la delincuencia.
De acuerdo con estudios de la organización “México Evalúa”, el 86 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país, ciertamente corresponde a delitos que deben de ser atacados por las policías locales, las cuales se quedaron sin los recursos del Fortaseg.
En el ámbito del estado de Puebla y de la capital del estado, las cosas no son diferentes.
La mayor parte de los acontecimientos que derivan en matanzas y en ajustes de cuentas entre integrantes del crimen organizado tiene que ver con delitos del orden federal, como el robo de combustible y el tráfico de estupefacientes (drogas), así como también el tráfico de inmigrantes.
Todos estos delitos y sin deslindar responsabilidades, le corresponde combatirlos a la Federación, a través de la Guardia Nacional y el Ejército, el cual brilla por su ausencia.
Solo por mencionar un ejemplo, en el caso de los ejecutados en la junta auxiliar Xonacatepec, integrantes de una familia y relacionados con el robo de combustible, cabe señalar que estas personas fueron detenidas por la Policía Municipal de Puebla meses antes de su ejecución y puestas a disposición del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la FGR de Puebla, quien los dejó en libertad argumentando falta de pruebas. ¿De quién es la responsabilidad? Y esto es solo por mencionar un caso.
El combate al robo de combustible, el cual según dice ha disminuido, pero que no es cierto, no es de ámbito local, es de la esfera federal y a pesar de que este delito se disparó durante la administración del presidente Peña, en esta gestión de López, se ha mantenido, aunque se quiera ocultar las cifras.
Estados y municipios han tratado de hacer frente con sus propios recursos al grave problema de la inseguridad, pero es un hecho que son superados por la fuerza y hasta equipamiento con el que cuenta el crimen organizado y Puebla no es la excepción.
Por si fuera poco, Puebla se encuentra rodeada de una serie de entidades que enfrentan una difícil situación en esta materia, como el Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz, principalmente.
Sin duda, el tema de la inseguridad no es un problema fácil de resolver, requiere de un esfuerzo conjunto por parte de todos los entes involucrados.
Cabe señalar el esfuerzo que, en Puebla, la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha comenzado a realizar en esta materia, con la puesta en marcha de diversos programas encaminados a combatir la inseguridad, como la adquisición de más y mejor equipo, cámaras de videovigilancia y la rehabilitación de los arcos de seguridad, adquiridos durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle.
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Ilustración: Alejandro Medina
