Parece que a Lizeth Sánchez García la persigue el infortunio, no solamente porque pasó desapercibido su proselitismo intentando ganar la candidatura de la 4T a la gubernatura, sino también porque de los 392.4 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –recientemente– le ha exigido aclarar al Poder Ejecutivo de Puebla el grueso de esos fondos corresponde a los programas de vivienda que a ella le tocó ejecutar desde la Secretaría de Bienestar.
No es la primera vez que Lizeth Sánchez aparece con señalamientos de un manejo opaco y abusivo de recursos económicos destinados a proyectos de vivienda.
Al arrancar el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta –en el año 2019–, un programa que resultó ser exitoso en un inicio fue la llamada Alianza Felicidad, mediante la cual la Congregación María Trinitaria (CMT) y el Gobierno del estado entregaron en 50 municipios pobres del estado apoyos alimentarios, de energía y mejoramiento de viviendas.
Esa acción conjunta naufragó en octubre de 2021, cuando la CMT decidió retirarse de la entrega de la ayuda antes mencionada, al acusar que la falta de control y seguimiento a la distribución de dotaciones de leche, calentadores solares y materiales de construcción había derivado en graves hechos de corrupción.
Sobre todo, porque se empezó a exigir dinero a los beneficiarios para condicionarles la entrega de la ayuda o se engañaba a la gente, les pedían aportaciones económicas, pero no se les repartían los bienes ofrecidos.
En aquella ocasión la CMT responsabilizó a la Secretaría de Bienestar de haber provocado esos vicios y quien encabezaba esa dependencia era Lizeth Sánchez, quien renunció a ese puesto hasta el pasado 27 de septiembre para inscribirse en el proceso interno de Morena y competir por la candidatura a la gubernatura, pese a que todas las encuestas la ubican como la aspirante con la calificación más baja en las preferencias electorales.
Lizeth Sánchez llegó al gabinete estatal por ser una posición de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) y por esa misma razón, en un par de ocasiones, el ahora finado Luis Miguel Barbosa Huerta se frenó de destituirla como secretaria encargada de las políticas de desarrollo social.
Para evitar una ruptura con el PT, que es el eterno partido aliado de Morena, Barbosa no despidió a Sánchez García, pero sí le quitó protagonismo dentro del gabinete estatal.
Eso llevó a que en un largo periodo –durante la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta– fuera el entonces subsecretario Antonio López Ruiz el que se encargara de la entrega de programas de la Secretaría del Bienestar, en sustitución de Lizeth Sánchez García.
Ahora vuelve a estar metida en un embrollo con temas de vivienda la exfuncionaria y aspirante de la 4T.
La ASF en su última entrega de resultados de auditorías correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 –que todavía estuvo bajo responsabilidad de Luis Miguel Barbosa, antes de morir en diciembre de ese año–, se exige que el Gobierno del estado debe aclarar observaciones por 392.4 millones de pesos.
El 96 por ciento de esas observaciones caen “en la cancha” de Lizeth Sánchez García, pues solo la Secretaría de Bienestar tiene atribuciones para emprender proyecto de vivienda.
De acuerdo con los requerimientos de la ASF, se tiene que aclarar la falta de documentos oficiales en el proceso de construcción de casas mediante una inversión de 222 millones de pesos.
En el programa de mejoramiento de hogares se pide transparentar el manejo de 71.4 millones de pesos.
Y falta documentación en los contratos que se utilizaron para adjudicar la edificación de viviendas por 64.7 millones de pesos.
Si en Morena realmente se cumple con los principios de no mentir, no robar, no engañar al pueblo, es fundamental que se revise la anterior información antes de otorgar candidaturas a cargos de elección popular.
