Un conflicto que lejos de resolverse podría complicarse y extenderse a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es el que enfrentan los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins con la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.
Por este conflicto, los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins, que son los mismos de la Fundación de la UDLAP (los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins), se encuentran fuera del país, en San Diego California, Estados Unidos, en calidad de prófugos de la justicia, y sin poder viajar a 190 países.
Sobre ellos pesan órdenes de aprehensión por lavado de dinero, fraude, desvío de recursos y delincuencia organizada, consecuencia de diversos juicios promovidos por Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de los hermanos, y por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada por haber vaciado y dispuesto de los recursos de la Fundación Jenkins, estimados en 720 millones de dólares.
El asunto lo traigo a colación porque a los abogados de los seis integrantes de la familia Jenkins, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, contra quienes también se giraron órdenes de aprehensión, les negaron un amparo.
Los abogados fueron acusados de haber operado el entramado jurídico para desfondar a la Fundación, transfiriendo sus recursos y cuentas a Panamá y otros paraísos fiscales.
El juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, sobreseyó el juicio promovido por aquellos en el cual argumentaban que tanto ellos como sus clientes no podrían ser juzgados dos veces por los mismos delitos de los que ya habían sido absueltos.
Tal situación deja a los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins en una posición incómoda, así como al rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, pues eso significa que las órdenes de aprehensión emitidas por jueces de control de Puebla y Almoloya de Juárez por los delitos de fraude y lavado de dinero continúan y que los juicios seguirán litigándose en juzgados y tribunales colegiados todavía por algunos meses.
Hay que recordar que Guillermo Jenkins de Landa ya obtuvo una resolución donde se le reintegra al patronato de la Fundación Street Jenkins, y mediante el cual todos los acuerdos que se tomaron durante su ausencia quedan invalidados, y que actualmente litiga otro juicio para ser reintegrado a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla.
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Como se lo anticipé, esta semana se difundirán decenas de encuestas, algunas conocidas y otras de dudosa credibilidad, que buscarán presionar a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y a la coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, de que el senador Alejandro Armenta Mier debe ser incluido en la encuesta y de que Julio Huerta Gómez, a diferencia de los primos Mier, genera consensos.
Lo único que tales encuestas confirmarán es que este método de selección carece de credibilidad y confianza, y que en realidad el gran elector del candidato o candidata de Morena y sus partidos aliados no es el pueblo, sino el presidente Andrés Manuel López Obrador en función de sus intereses, circunstancias, filias y animadversiones.
Si el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de verdad fuera electo mediante una encuesta a población abierta, la lista de aspirantes no sería de 27, el Consejo Estatal no tendría que haber votado a cuatro, y la Comisión Nacional de Elecciones no tendría que incluir otros dos o cuatro.
Si ese método fuera cierto, en la encuesta solo tendrían que ser evaluados dos, el senador Alejandro Armenta y su primo, el diputado federal Ignacio Mier.
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