A 30 meses de que surgió el fraude de Ae Capital –por el orden de los 5 mil millones de pesos– hay un halo de sospechas de que los jueces y fiscales que tienen este caso en sus manos estarían protegiendo a los dos principales propietarios de esta financiera poblana, que estafó a inversionistas de por lo menos cinco países. Pese el tiempo que ha transcurrido, resulta sorprendente que solamente se han judicializado dos de las 100 carpetas de investigación que se iniciaron contra este gigantesco desfalco.
Hasta ahora habría tres detenidos, entre ellos Diego N., quien era el tesorero de Ae Capital, pero la justicia no ha logrado aproximarse a Gabriel Antuan Ortega y Luis Antonio Echeverría Fonseca, quienes son considerados los propietarios de la financiera en cuestión.
Y por si fuera poco, se tiene la sospecha de que ambos personajes estarían operando otras dos financieras –fuera de territorio poblano– para ofrecer inversiones de alto riesgo o también conocido como sistema Ponzi, el cual consiste en que se pagan utilidades vencidas con la llegada de nuevo capital, hasta que finalmente esa estructura piramidal quiebra en detrimento de los participantes que “ponen a trabajar su dinero” y en beneficio de los organizadores, es decir los estafadores.
Existen dos versiones de cómo surgió la compañía. Unos dices que hace 13 años dos médicos alternativos se juntaron para crear la empresa. Otra historia es que un académico de la Universidad de las Américas y dos exalumnos de esa institución se reencontraron, luego de que habían egresado, y emprendieron una compañía de alto riesgo.
Ae Capital empezó sus operaciones en el año 2015 y cobró mucha fuerza cuando se pusieron de moda las inversiones mediante criptomonedas.
Antuan Ortega y Echeverría Fonseca rápidamente cobraron fama de tener la suficiente habilidad para el manejo de las criptomonedas, situación que los convirtió en un importante centro de atracción para todos aquellos ahorradores que querían obtener un rendimiento superior al que ofrece la banca comercial.
Mientras en ese entonces los bancos otorgaban un promedio de 7 por ciento de interés anual por una inversión, la financiera Ae Capital ofrecía entre 3 y 3.5 por ciento de interés mensual, lo que significaba un aparente beneficio de hasta el 35 o 40 por ciento al año.
Los promotores de esta idea, por suerte, se volvieron muy selectivos y solamente aceptaban inversiones de personas de clase media alta. Entre ellos figura un conocido notario público.
Por eso no se llegó a la magnitud de los fraudes de Sitma e Invergroup –de los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel–, ocurridos hace más de 15 años y que abarcaron a 10 mil personas, muchas de ellas eran pequeños ahorradores.
El 40 por ciento de los 38 usuarios estafados que son de Puebla y tienen las mayores cantidades de dinero depositado en Ae Capital, son personas de la tercera edad que destinaron sus ahorros de décadas a ese falso sistema de beneficios económicos.
La red de defraudación se extendió a ahorradores de Hungría, Colombia, Francia, Estados Unidos y varias entidades de México, principalmente en Veracruz y Michoacán.
El sistema venía operando con cierta regularidad hasta que llegó la emergencia sanitaria del COVID-19 y varios usuarios quisieron retirar los fondos, en muchos casos para enfrentar gastos de salud o intentar aliviar la difícil situación de algunos comercios, recibiendo constantes evasivas para que les retornaran el capital invertido.
La inicial sospecha de que algo estaba mal ocurrió en febrero de 2020, al surgir la primera demanda penal contra la compañía.
Meses más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera habría detectado una salida masiva de capitales del país por parte de Ae Capital, lo que alertó a los clientes a que estaban siendo defraudados.
Lo que nació con la idea de que eran problemas de liquidez que se tenía en todo el sistema financiero por la parálisis de la actividad económica, a causa de la epidemia del COVID-19, después tomó cuerpo de un gigantesco fraude.
El problema de fondo no es el funcionamiento de estas compañías de inversión de alto riesgo, sino la existencia de un sistema de procuración e impartición de justicia que es ineficiente y corrupto. Por eso los ciudadanos defraudados quedan en estado de indefensión.
