Un colegio profesional sin prestigio y sin oficinas, que quiere reactivarse cediéndole la presidencia a un personaje cercano al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es el de Economistas del Estado de Puebla, que encabeza José Salvador Esteban Pérez Mendoza, pese a que el periodo para el cual fue nombrado concluyó hace casi tres años.
A iniciativa de algunos expresidentes del Colegio, que también lo han usado como trampolín político o electoral, como el priista Jorge Arroyo García, se pretende que el futuro presidente del organismo para el periodo 2023-2025 sea Rubén Alejandro Paredes Castañeda.
Sí, el que fue contralor de Sergio Salomón Céspedes, cuando éste fungió como presidente municipal de Tepeaca, y quien actualmente se desempeña como director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado de Puebla, cargo al que llegó promovido por el hoy gobernador sustituto a su paso por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura.
La convocatoria para la renovación del Consejo Directivo del Colegio de Economistas está firmada por Salvador Pérez Mendoza como presidente, lo que podría ser ilegal, ya que su gestión debió concluir en 2020, considerando que rindió protesta en diciembre de 2018.
Otra cuestión irregular, por no decir ilegal, es que la Comisión Electoral —que nadie sabe quién o cuándo la nombraron— está presionando a los economistas que alguna vez fueron parte del organismo a firmar una carta de respaldo a Rubén Alejandro Paredes Castañeda “para presidir el Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C., en el bienio 2023 – 2025”.
El asunto ha generado inconformidad al interior del gremio, pues los economistas que se han mantenido cerca del Colegio y han intentado reactivarlo son marginados para premiar a un funcionario del Poder Legislativo que tenía años alejado del organismo y sus actividades por el simple hecho de ser cercano al gobernador en turno.
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A propósito.
Fue el fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa quien le quitó al Colegio de Economistas de Puebla las oficinas que tenía en la antigua Penitenciaria del estado, hoy Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier, de la avenida Reforma y 13 Sur.
Barbosa no sólo ordenó el desalojo del Consejo Directivo, sino que dio por concluido el comodato que por 99 años les otorgó Rafael Moreno Valle, quien antes de ser gobernador de 2011 a 2017 fue presidente de ese Colegio en el sexenio de Melquiades Morales Flores, siendo secretario de Finanzas y Administración del estado.
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Un caso que ilustra con creces cómo ejerce sus funciones de vigilancia y disciplina el Consejo de la Judicatura dentro del Poder Judicial del estado, es el de la jueza Civil y Mercantil del distrito de Cholula, María Gabriela Durán Gaspar, quien este martes fue vinculada a proceso por delitos cometidos contra la procuración de justicia, junto con su secretaria de Acuerdos, María de Lourdes Peña Jacobo.
Quien le promovió el juicio civil fue Ricardo Gallegos Torres, al que desalojaron y despojaron de un predio rústico denominado La Capilla, en la comunidad de Ocotlán, del municipio de Coronango, en donde se asentaba la empresa Desperdicios Industriales de Cuernavaca.
La vinculación a proceso fue solicitada por la Fiscalía de Justicia del Estado, toda vez que la juez Gabriela Durán —extralimitándose en sus funciones— ordenó el desalojo del terreno y la restitución de éste a su propietaria, Liliana Portugal Robles, sin respetar los derechos de ocupación que sobre él tenían Ricardo Gallegos y la empresa morelense.
Lo contradictorio de esta vinculación es que la juez Gabriela Durán seguirá en sus funciones de titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito de Cholula, como si nada hubiera pasado. Su única medida de apremio es que no puede salir del país ni del estado.
¿Y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla?
Bien, gracias.
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