Después de la información que se conoció ayer en el Congreso del Estado sería bueno preguntarnos para qué nos sirve una auditora que en lugar de revisar con lupa el gasto y las finanzas de Puebla, se excusa de la Cuenta Pública.
Bajo el alegato de un posible conflicto de interés, Amanda Gómez, la mujer que no pudo explicar ¿Cómo se integra la Cuenta Pública?, se lavó las manos y no verificó justamente el estado que guarda el erario.
¿De haber revisado los números, se habría dado cuenta del caso Accendo y de la complicada situación con el adeudo fiscal ante el SAT? Muy probablemente sí.
Lo cierto es que de poco o nada nos sirve a los poblanos contratar a una Auditora Superior que a la hora de las revisiones se hace a un lado y a quien se le cuelan “detallitos” como los 606 millones de pesos invertidos -y perdidos- en Accendo Banco o que resulta más caro pagarle a una empresa, que lo que ésta recauda por fotomultas.
El 1 de junio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo por el cual Amanda Gómez se excusó de revisar las finanzas estatales, por ello no firmó los Informes de la Cuenta Pública Estatal presentada por Miguel Barbosa.
Gregorio Alberto Lozano García fue quien se encargó de estampar su rúbrica. El hoy Auditor Especial Forense también laboró en la Secretaría de la Función Pública durante el mismo periodo, por lo cual habría que verificar si en su caso existía o no conflicto de interés para que conociera, dictaminara y emitiera por encomienda, los informes de las Cuentas Públicas de 2020 y 2021.
Rendición histórica
La comparecencia de ayer en el Congreso fue histórica. En esta ocasión los diputados se sintieron libres y ejercieron -como se esperaría que lo hicieran siempre– su poder para interpelar a un funcionario público.
Afortunadamente no se vieron simulaciones ni preguntas a modo o intervenciones que terminan lanzando flores a quienes deberían interrogar.
El resultado fue interesante, principalmente por la transparencia e información que públicamente se pudo conocer, además por tratarse de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
Aunque en este caso se espera que haya consecuencias, entre ellas la renuncia de la secretaria, el formato debería ser replicado con muchos más funcionarios públicos.
¿Será este el parteaguas para que realmente el Poder Legislativo llame a cuentas a quienes ostentan un cargo público?
Veremos y diremos.
