La soberbia ha llevado a que Juan Carlos Lastiri Quirós, quien apenas hace unos años era uno de los hombres de más poder político en Puebla y el país, esté ya derrotado en un juicio laboral que tardó un lustro en resolverse y que lo tiene al borde de un embargo para que pague entre 1.8 y 2.4 millones de pesos a su exjefe de prensa Luis Carlos Castillo Rosas, a quien en su momento despidió y desconoció. El político priista se encuentra en la etapa de la negación, al no querer cumplir con el laudo, pero al final lo tendrá que hacer.
Para nadie es un secreto que Lastiri es uno de los políticos más ricos de Puebla, pero al parecer le ha dolido en el orgullo perder el juicio en cuestión, ya que fue algo así como una batalla de “David contra Goliat”. Por eso se resiste a pagar el monto del laudo.
Se la ha pasado escondiéndose para no enfrentar la deuda con su exjefe de prensa. Hace unos días, lo fueron a buscar a unas de sus residencias en Puebla, donde minutos ante lo habían visto entrar, y su esposa salió a atender al abogado que lo derrotó en los tribunales y bajo el argumento de que “está en Teziutlán”, negó la presencia de quien fuera alcalde de Zacatlán y presidente estatal del PRI.
Cuando comenzó el litigio, sobre el expediente D-3/657/2018, Lastiri todavía sentía tener suficientes poder e influencias como para retrasar, obstaculizar, ningunear, el juicio en su contra. Y así fue al inicio.
La demanda contra Lastiri se presentó el 27 de junio de 2018 y resulta que, el político priista, tardó 25 meses en acudir a la primera audiencia en la Junta 3, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para declarar que no conocía a Carlos Castillo, pese a que toda la prensa poblana –a lo largo de 15 años—siempre trató con el denunciante los asuntos que concernían a Lastiri en una larga lista de cargos públicos que tuvo en ese periodo.
Y luego, Castillo ganó un amparo para obligar a la JLCA a darle celeridad al juicio y en 11 ocasiones los abogados de Lastiri se negaron a acatar el resolutivo federal, bajo la idea de que había una protección desde el gobierno del estado a quien fue uno de los protagonistas de la llamada “estafa maestra”, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Efectivamente cuando arrancaba el juicio laboral en cuestión inició la gestión interina de del Poder Ejecutivo estatal encabezada por Guillermo Pacheco Pulido, quien tuvo como secretario de Gobernación a Fernando Manzanilla Prieto, quien armó su equipo de trabajo con varios de los ex colaboradores de Juan Carlos Lastiri que tuvo a su paso por los dos cargos que ocupo en la presidencia de Peña Nieto.
Curiosamente fueron en los siete meses del gobierno interino y en el arranque de la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta, al frente del Poder Ejecutivo, cuando en la JLCA parecía que había consigna de darle todo tipo de beneficios a los abogados de Lastiri, que se daban el lujo de no presentar pruebas a favor de su representado, bajo la idea de que tarde o temprano iban a desechar el expediente en contra de su cliente.
Sin embargo, al paso de los tres años en que Rosario Robles Berlanga –la jefa de Lastiri en el gobierno de Peña Nieto– estuvo en la cárcel por el escándalo de la Estafa Maestra, se fue diluyendo persistentemente el poder y la influencia que tenía el exedil de Zacatlán.
La parte más vergonzosa ocurrió en el proceso electoral de 2021, cuando Lastiri quiso gestionar a su favor una candidatura a diputado federal y desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ordenaron su veto. Era impresentable y no lo querían en actos públicos del tricolor.
En 2022 hubo un viraje en la JLCA y la presidenta de la Junta 3 de ese organismo de justicia laboral, Ana Lilia Sánchez Martínez, ha llevado con diligencia el juicio en contra de Juan Carlos Lastiri.
El 15 de agosto de 2022, en la JLCA, se emitió el laudo en el cual se concluye que, si hubo un despido injustificado de Carlos Castillo Rosas y el patrón, es decir Lastiri, debe pagarle a su excolaborador salarios caídos y prestaciones sociales correspondientes a los últimos 5 años.
Hace unos días se fijó un primer monto de indemnización a favor de Carlos Castillo por un millón 861 mil 414 pesos.
Si se acepta que también se debe incluir la reinstalación en el cargo que tenía el agraviado, entonces el monto de la liquidación podría subir a alrededor de 2 millones 400 mil pesos.
Los abogados de Lastiri buscaron ampararse, pero con una demanda que carece de argumentos sólidos. En los últimos cinco años no han podido alegar nada favorable.
Carlos Castillo Rosas fue el encargado de la comunicación social de Juan Carlos Lastiri entre los años 2002 y 2018, periodo en que el político priista fue diputado local, subsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Mario Marín, presidente estatal del PRI, legislador federal, así como subsecretario en el sexenio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, siempre al lado de Rosario Robles, primero en Sedatu y luego en Sedesol.
A lo largo de todo ese tiempo, quien daba la cara ante la prensa, grupos políticos, sindicatos y gobiernos, era Carlos Castillo. Era imposible negar la relación laboral con él, pero la soberbia ciega a los poderosos.
