Si alguien tiene duda de la fuerza del “ejército electoral” que vive en las secciones sindicales del SNTE 23 y 51 bastará con que observe las elecciones descarnadas, que se realizarán mañana martes en el estado de Puebla.
Ambas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación elegirán a sus nuevos representantes sindicales, esos que lo mismo tendrán que velar por sueldos y condiciones dignas para los maestros, que negociar con los próximos candidatos políticos.
El botín es más que apetitoso. La administración de las cuotas sindicales, por más que se busquen auditar, continúa siendo discrecional. A eso hay que añadir las prebendas que obtienen los líderes sindicales. La cereza del pastel es el poder que inherentemente reciben al rendir el cargo.
En estos días hemos visto un dispendio enorme de recursos en favor y en contra de tal o cual candidato. Las razones son de pesos, de muchos pesos.
Las actuales dirigencias, encabezadas por Alejandro Ariza Alonzo, en la Sección 23, y por Jaime García Roque, en la Sección 51, además de buscar colocar a sus afines, también necesitan garantizar que las auditorías a sus periodos no se realicen, lleguen tarde o de plano que se hagan ojo de hormiga, durante las revisiones a los estados financieros de los seis años que estuvieron al frente.
En números redondos, 119 mil agremiados contarán con derecho al voto mismo que por primera vez podrán ejercer de manera secreta, en cualquiera de los 453 centros que serán instalados en todo el territorio poblano.
Aunque la sección 23 es más grande, en la 51 existen más candidatos, ocho; mientras que en la representación federal seis van por el puesto y para ello dispondrán de 316 centros de votación en todo el estado.
El ingrediente de la secrecía en el momento de emitir el voto, una de las reformas que se implementarán en este proceso, será también un examen para quienes “operan” a favor o en contra de tal o cual candidato, pues a diferencia de cuando se realizaba a mano alzada, ante la vista de todos, hoy los organizadores tendrán que confiar en que quienes les han dicho que votarán por “el candidato”, no terminen por arrepentirse al momento de estar en la intimidad de la mampara.
¿Látigo vs. servidores públicos?
Tras una votación unánime, la magistrada María Elena Farfán González será la nueva presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Entre otras cosas, el TJA impondrá sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves, así como a particulares que se encuentren vinculados.
Los asuntos del Tribunal de Justicia Administrativa serán recibidos en calle Mitla 16, colonia Nueva Antequera, en Puebla capital.
Ahora habrá que ver si la presidenta logra ser un contrapeso, justamente contra aquellos servidores públicos que abusan de sus encargos, ¿lo hará?
Veremos y diremos.
