Tiene razón el extitular de la Secretaría de Educación Pública del estado, Melitón Lozano Pérez, cuando afirma que las 866 plazas de profesor de tiempo completo titular C que él pidió fueran auditadas para investigar cómo se otorgaron, nofueron autorizadas por él, sino por secretarios que lo antecedieron en el cargo.
En eso tiene la razón, pero miente, y descaradamente, cuando sostiene que en su gestión no se autorizaron movimientos o nuevas plazas de formadores de docentes para privilegiar a recomendados políticos, operadores electorales y líderes sindicales.
Lo anterior podemos sostenerlo con base en documentos filtrados a este medio —entre ellos la base de datos de la nómina de docentes de tiempo completo de educación superior de la SEP del estado— e investigaciones propias que incluyen consultas a la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la gestión de Melitón Lozano se aprobaron nuevas plazas, ascensos, recategorizaciones, cambios de adscripción o de centros de trabajo que beneficiaron a 18 docentes con plazas de tiempo completo titular A, 20 con plazas de tiempo completo titular B, y a 192 con plazas de tiempo completo titular C.
No estoy diciendo que estas plazas, recategorizaciones y cambios de adscripción, de enero de 2019 al 24 de octubre de 2022, las haya autorizado directa o personalmente Melitón Lozano. Lo que sostengo, con base en documentos internos de la propia dependencia, es que se dieron o fueron avalados en su periodo al frente de la SEP.
Otra cuestión que también puede acreditarse es que la mayoría de los favorecidos con las nuevas plazas, ascensos y recategorizaciones tampoco cumplen con las normas vigentes, pues entre ellos hay quienes carecen incluso de licenciatura o de cédula profesional, del grado de maestría o doctorado en disciplinas afines a la educación, o quienes obtuvieron estos postgrados en instituciones de educación superior de dudosa reputación o pertenecen a supervisores y funcionarios de la SEP.
En suma: en el periodo de Melitón Lozano se registraron al menos 156 movimientos de docentes de tiempo completo del nivel de Educación Superior. De éstos, 18 corresponden a profesores con plazas de titular A (E7813); 20 a maestros con plazas de titular B (E7815); y 118 a docentes con plazas titular C (E7817).
Entre quienes se vieron beneficiados con una nueva plaza destacan Omar Momox Munguía, exsecretario particular de la ex subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, e hijo del actual secretario de Promociones Económicas de la Sección 23 del SNTE, del mismo nombre.
Éste obtuvo una plaza de titular A con un salario mensual de 23 mil 558 pesos mensuales. Otros que también gozan de esta categoría pese a carecer de la cédula de maestría son Mario Miguel Aguilar Castro, Gabriel Guzmán Salazar, Norma Pérez Bravo Lanz; Bertha Eliska Torres Cabrera, Lluvia Lima Bonilla, y José Andrés Serna Lanz.
Entre los favorecidos con alguna plaza, ascenso o movimiento con plazas de titular B figuran Juan Carlos Juárez Hernández, Nalleli Coral Escobar Parra y César Alberto Tapia González.
Todos ellos, que carecen de cédula de maestría, perciben un salario mensual de 27 mil 846 pesos mensuales.
Las mayores inconsistencias o irregularidades se localizan entre los docentes con plazas de titular C. Entre éstos se pueden mencionar los casos de Olga Leticia Castro Neri, Adrián Tecpanecatl Parra (que ya falleció, pero sigue como activo), y Ana Laura Carranza Ayala (hija del exlíder de la Sección 23 Óscar Emilio Carranza).
Otros docentes que tuvieron algún cambio de adscripción, ascenso o recategorización entre 2019 y 2022 fueron José Ramón Iglesias García, Araceli Navarro Pérez, Jesús Rito Alfonso Valles Ramos, José Antonio Reyes Hernández, Tomás Jerónimo Domínguez, Sonia Guadalupe Gómez Hernández, Ricardo Felipe Condado Díaz, Alfredo Valdez Linarte, Raúl Escobar Mesa, Jorge Vázquez Machorro, Aubdon Calderón Jiménez, Laura Artemisa García Chávez, Francisco Javier de Jesús Torreblanca Tejeda, Alberto Uribe Sánchez, Ariana Fátima Moctezuma Hernández, Yazmín Domínguez Garrido, Severo Pérez Márquez, José Armando García Avendaño y Pedro Daniel González Pedro.
Todos ellos figuran entre los mejor pagados del estado, con salarios que fluctúan entre los 20 mil 527 pesos y los 35 mil 752 pesos mensuales.
De ellos nos ocuparemos en próximas entregas. Por lo pronto sirva decir que la supuesta auditoría emprendida por la SEP en el periodo de Melitón Lozano sigue atorada, sin avances, porque así conviene al propio gobierno, al SNTE y a no pocos partidos políticos que en distintos momentos se han aprovechado de estas plazas para colocar a operadores políticos y electorales con cargo a la nómina de la SEP y al gasto descentralizado y desconcentrado de algunas universidades tecnológicas y politécnicas, y de algunas asociaciones educativas como el Colegio de Puebla y la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades.
Tal es la verdadera razón de que esa auditoría a las plazas de tiempo completo de formadores de docentes titular C siga pasmada, aun en este gobierno de la 4T que ofreció extirpar este cáncer del sistema educativo estatal.
