La propuesta del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de incluir a su consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, en la terna para ocupar una de las dos magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debería rechazarse, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, antes de que el viernes pase al pleno del Congreso local, ya que viola la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
En concreto el artículo 171, que expresamente estipula que no podrán ser servidores públicos del Poder Judicial: “Las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Fiscal General del Estado o Diputado Local, en el Estado, durante el año previo al día de la designación”, así como “todas aquellas personas que desempeñen un cargo o comisión dentro de algún otro Poder del Estado o de la Federación, aunque disfruten de licencia en cuanto al mismo”.
Carlos Palafox Galeana se encuentra en este supuesto, pues es parte del gabinete del gobernador Miguel Barbosa, aun cuando la Consejería Jurídica constituya un Órgano Auxiliar del Titular del Poder Ejecutivo, como se reconoce en el propio portal del gobierno del estado.
Así las cosas, las y los diputados de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura deberían optar por regresar al Ejecutivo esa terna, no sólo porque el favorito incumple con la fracción V del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino porque los otros dos candidatos también.
Además, porque si se aprueba la iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial, el Ejecutivo de todas maneras podrá proponerlo como consejero de la Judicatura, e incluso hacerlo presidente, sin violentar la ley que regula el nombramiento de magistrados del Poder Judicial del Estado.
¿O a poco van a inaugurar la Reforma al Poder Judicial que ya se analiza en el Congreso del Estado con una flagrante violación a la Ley Orgánica vigente de este poder?
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A manera de antecedente, habría que recordar que Ricardo Velázquez Cruz, antes de ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, tuvo que renunciar a la Consejería Jurídica del gobierno de Mario Marín Torres, un año antes de que la terna en que fue propuesto fuera votada en el Congreso del Estado.
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La polémica decisión del gobernador Miguel Barbosa de prohibir la circulación de autos con placas foráneas y de detener a los automovilistas que no paguen en Puebla el holograma de verificación vehicular, es violatoria de la Constitución y su artículo 11, que a la letra dice: “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
Si esta disposición se aprueba en una ley o reglamentos, dé por descontado una lluvia de amparos, pues ninguna legislación secundaria puede estar por encima de la Carta Magna.
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Pregunta:
¿Qué va a suceder con aquellos propietarios de vehículos con placas de Puebla, pero que por necesidad tenían que viajar a la Ciudad de México por negocios o asuntos de trabajo, a poco también los van a obligar pagar doble verificación vehicular?
¿Qué culpa tienen estas personas que la administración barbosista haya clausurado los verificentros que venían operando en Puebla, o de que el actual gobierno se haya tardado más de dos años en otorgar nuevas concesiones?
¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar tales ineficiencias?
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