Un asunto del que ya no se mencionado nada, pero que amerita una profunda investigación para corregir esta práctica que mucho lesiona a los verdaderos maestros en Puebla, pero sobre todo a los formadores de docentes, es la asignación irregular de plazas de profesor de tiempo completo titular C a personas que no cumplen con los requisitos mínimos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, a cargo de Melitón Lozano Pérez, anunció una auditoría y suspendió momentáneamente el pago a los docentes con esta categoría, hasta que éstos acreditaran que sí cumplen con los requisitos del Acuerdo número 05/02/18 emitido por la SEP federal, por el que se expiden las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en las escuelas normales y demás para la formación de maestros.
Dicho Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de febrero de 2018, establece que los candidatos a ocupar una plaza de profesor titular de tiempo completo deben tener el grado de doctor en educación o disciplinas afines o acreditar el grado de maestría en áreas afines; mostrar un portafolios de evidencias sobre su contribución a la práctica docente, a través de metodologías, innovaciones didácticas o tesis de grado aplicadas para tal fin, y demostrar siete años de experiencia docente, 3 de los cuales en instituciones formadoras de docentes.
En el estado existen unas 450 plazas de profesor de tiempo completo titular C, que por errores administrativos de la SEP estatal no sólo corresponden a nivel de educación superior, sino también al de educación media superior, es decir a bachilleratos y escuelas preparatorias.
A las plazas de profesor de tiempo completo de educación media superior les corresponden claves con número 4,000, pues las claves con número 7,000 son de docentes de educación superior.
En el sistema estatal, está distinción de claves no existe, por lo que están revueltos los profesores titulares C de educación media superior y de educación superior.
De las 450 plazas que existen con esta categoría, los profesores que sí cumplen con los requisitos del Acuerdo número 05/02/18 de la SEP federal o con los se exigía en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de la SEP, registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 7 de diciembre de 1982 por el entonces titular de la dependencia Fernando Solana Morales, rondan apenas los 20.
Entre estos los siguientes Raúl Amigón García, adscrito a la Escuela Normal Primaria del BINE; María de la Concepción Armenta Rosas, del Bachillerato del Centro Escolar Norte-Oriente; Socorro Blas Cardoso, adscrita en la Unidad Escolar Emiliano Zapata; María del Rosario Bringas Benavides, de la Escuela Normal Primaria del BINE; José Ignacio Camargo Rojas, adscrito al Conservatorio de Música; Víctor Manuel Contreras Márquez, de la UPN Tehuacán; Ofelia Piedad Cruz Pineda, de la UPN Puebla; Ana Isabel González Juárez, de la Escuela Normal Superior del Estado; Mónica Gutiérrez Damián, del Centro de Postgraduados del BINE; Ángel Floriberto Morales Cerón, del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano; y Darío Pastrana Solís, de la Escuela Normal “Jesús Merino Nieto” de Ixcaquixtla.
Sin embargo la inmensa mayoría no cumplen con los requisitos del Acuerdo de 2018, pues obtuvieron la plaza de profesores de tiempo completo titular C cuando no tenían doctorado ni maestría en educación o disciplinas afines, ni siete años de experiencia docente, ni un portafolios que presumir en innovaciones didáctica o en revisión de tesis, ni investigaciones publicadas en revistas arbitradas.
La mayoría de los que ocupan sin merecerlo una plaza de estas codiciadas plazas, son burócratas de alto y mediano nivel que laboran en alguna oficina de la SEP, haciendo funciones administrativas y no docentes o que ejercen alguna actividad en supervisiones de Bachillerato y Educación Superior, que ocupan u ocuparon alguna cartera relevante dentro del SNTE o son o fueron funcionarios del gobierno del estado.
Entre estos podríamos mencionar algunos nombres, como el de José Alarcón Hernández, operador electoral de varios gobernadores; Juan Gabriel Aréchiga Santamaría, hermano del ex líder de la Sección 51 del SNTE; el ex diputado José Marco Antonio Camacho Cervantes; Miguel Ángel Camacho Guzmán, esposo de la ex directora de Formación Docente Dulce María Flores Beltrán, y quien obtuvo esa categoría cuando ni siquiera tenía el grado de licenciado en Contaduría Pública.
A la lista de favorecidos con una plaza de tiempo completo titular C, sin méritos para ocuparla, podrían agregarse los nombres de las hijas de Óscar Emilio Carranza, ex líder de la Sección 23 y ex director de Formación Docente de la SEP, Ana Laura y Liliana Carranza Anaya; Fausto Díaz Gutiérrez, ex director de Recursos Humanos de la SEP y actual asesor jurídico de la Sección 51 del SNTE; y de Gumercindo Herrera Rivera, secretario de Organización, de la Sección 51.
Otros favorecidos son María del Carmen Mexicano Sánchez, quien era secretaria de la Dirección de Recursos Humanos de la SEP; Arturo Ordaz Merino, ex director de Educación Superior; Héctor Santaella Sosa, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Superior de la Sección 51 del SNTE; y Jorge Vázquez Machorro, secretario particular del secretario general de la Sección 51, Jaime García Roque.
El secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, debe explicar en qué terminó la auditoría que anunció a los docentes de tiempo completo titular C, informar cuántos de estos profesores sí cumplen con los requisitos y qué pasará con aquellos que no acreditan doctorado o maestría en educación o disciplinas afines y los siete años de experiencia docente.
Pero también transparentar la relación de los más de 450 que tienen una de estas plazas de formadores de maestros en Puebla, comenzado por las que se han autorizado en su gestión o que aprobó la que fuera subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia. De lo contrario el discurso de que con la 4T las cosas serían diferentes no tendrá ninguna credibilidad, al menos entre el magisterio poblano.
EN CORTO
El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE acaba de aprobar un nuevo paquete de convocatorias para renovar los comités ejecutivos de algunas secciones, que no incluye las dos de Puebla.
Lo anterior significa que las elecciones de dirigentes de la Sección 23 y la Sección 51 podrían irse hasta noviembre o diciembre, en que las gestiones de Alejandro Ariza Alonzo y Jaime García Roque cumplirán seis años de haber sido electas.
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Esta semana podría regresar a Puebla con el nombramiento de delegado de la Secretaría de Bienestar Rodrigo Abdala Dartigues, quien ya ocupó este cargo.
La noticia seguramente no será bien recibida en Casa Aguayo, donde el sobrino político del ex gobernador de Puebla y actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, no es bien querido ni apreciado.
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De 1,300 millones de pesos será el contrato de arrendamiento que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta pagará a la empresa Casanova Vallejo SA de CV por el alquiler de mil nuevas patrullas durante un periodo de 24 meses.
El contrato es muy similar al que se pagó a Lumo Financiera del Centro SA de CV, que fue de 1 mil 387 millones de pesos, pero por 27 meses.
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