Dos funcionarios ligados a la corrupción del gobierno de Paisano aparecen en Medio Ambiente

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

Dos funcionarios ligados a la corrupción del gobierno de Paisano aparecen en la Secretaría del Medio Ambiente

Entre ambientalistas y empresarios ha causado sorpresa y alarma que junto a Beatriz Manrique Guevara, la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial han aparecido dos importantes figuras del que fue el gobierno panista de Leoncio Paisano en San Andrés Cholula. Se trata de Arnulfo Aurioles Gamboa y de María del Carmen Menéndez Blumenkron, quienes eran parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de ese municipio y fue una dependencia en donde se concentró mucha de la corrupción que dominó al anterior ayuntamiento sanandreseño.

Durante la realización del último martes ciudadano, que cada semana llevan a cabo los miembros del gabinete estatal, fue posible ver a Beatriz Manrique atendiendo a la gente y a su derecha se encontraba Arnulfo Aurioles, de pie, y a María del Carmen Menéndez, quien se mantuvo sentada (ver foto).

Aurioles y Gamboa formaron parte de un gobierno que siempre estuvo señalado por una larga lista de abusos y actos de corrupción, la mayor parte de estos en beneficio del llamado “cártel inmobiliario”, que es un grupo de empresarios que en las últimas dos décadas han financiado las campañas electorales del PAN en San Andrés Cholula a cambio de que les permitan emprender proyectos inmobiliarios al margen de las normas, en una de las zonas de mayor plusvalía en el país.

También en esa época se provocó un fuerte daño a la zona arqueológica de Cholula por el capricho del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de construir una zona comercial a un costado del área, que desató una feroz persecución judicial contra los críticos del proyecto, entre ellos la actual edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.

Muchos empresarios se quejaron que en la gestión de Paisano eran extorsionados para obtener simples permisos o licencias de construcción.

Y ahora resulta que María del Carmen Menéndez se prepara para ser la encargada de evaluar los manifiestos de impacto ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente, que fue rehabilitada por la actual administración estatal, luego de que la mandó cerrar Rafael Moreno Valle Rosas.

Beatriz Manrique es una legisladora del PVEM con licencia, que proviene de Guanajuato, que es especialista en temas medioambientales, pero que seguramente desconoce en mucho la realidad poblana y la trayectoria de funcionarios públicos señalados de malas prácticas. Parece que alguien se quiso aprovechar de esa condición para incorporarle a dos personajes con muy malas cartas de presentación.

En particular Arnulfo Aurioles tiene como un negro antecedente es que antes de haber sido parte de la administración de Leoncio Paisano, fue inhabilitado del servicio público en noviembre de 2014 por el entonces gobierno del Distrito Federal, mismo que presentó una denuncia penal en su contra por los delitos actos de corrupción y uso indebido del ejercicio del servicio público.

Aurioles Gamboa, junto con Luis Barajas Medina, Fernando Zepeda Zeda y Eustaquio Trejo Álvarez, todos ellos entonces funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y cuando la titular de esa demarcación era Gabriela Cuevas – que en esa época militaba en el PAN–, se les descubrió responsables de haber contratado la empresa TAO para que realizara un estudio estadístico del cumplimiento de las normas de los proyectos de obra pública.

Las anomalías consistieron en que se le pagaron 15 millones de pesos a TAO y nunca se demostró que la empresa en cuestión hubiera realizado las labores contratadas.

Además, no estaba justificado solicitar los servicios de TAO, ya que el propio gobierno de la capital del país tenía un área específica para observar el cumplimiento de las normas en los proyectos de obra pública. Al final, se demostró que había sido un negocio privado –con fondos públicos– de los funcionarios involucrados, todos ellos vinculados al PAN, pues quien les autorizó el contrato  fue el panista Alfredo Vinalay, quien es oriundo de Chihuahua y se formó en la UPAEP, en la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Luego de cumplir dos años de inhabilitación del servicio público, Arnulfo Aurioles logró su incorporación a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, una dependencia que en la administración de Leoncio Paisano tuvo 5 titulares, mismos que siempre acabaron con señalamientos de supuestos actos de corrupción.

Estando Aurioles y María del Carmen Menéndez al frente de esa área de gobierno, se registró entre otros escándalos, la construcción de la Plaza Gran Pirámide, la cual tiene tres pisos y se ubica a tan solo 250 metros de la zona arqueológica de Cholula, lo que rompe con el paisaje histórico y cultural de la zona. Lo grave es que el centro comercial avanzó en sus obras varios meses pese a carecer de permisos y licencia de construcción.