Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
En los primeros días de agosto de 2010, en la mansión del empresario Luis Carlos Castillo en McAllen, Texas, hubo una reunión en la que al menos 10 gobernadores mexicanos del PRI sellaron un pacto para apoyar e impulsar a uno a la Presidencia de la República? al que apoyarían era el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el empresario anfitrión, a quien apodan El Dragón, financiero y amigo de varios mandatarios priístas ahí presentes, es el mismo que el 11 de noviembre pasado fue detenido en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero y fraude bancario.
El constructor preso es vinculado con los procesos contra Javier Villareal y contra Jorge Torres, ex tesorero y ex gobernador sustituto de Humberto Moreira en Coahuila, y prestó su casa de McAllen, valuada en 10 mdd y hoy confiscada en EU, a los gobernadores mexicanos con los que tenía una cercana relación de interés y negocios. El Dragón se vinculó primero con el ex gobernador de Coahuila Enrique Martínez y éste a su vez lo vinculó con su sucesor Humberto Moreira y con el gobernador Peña Nieto, a quien Martínez se acercó como delegado del CEN priísta en la entidad mexiquense.
Al encuentro de 2010, asistieron los mencionados junto a los entonces gobernadores de Hidalgo, Miguel Osorio Chong? de Tamaulipas, Eugenio Hernández, junto con su sucesor Egidio Torre? de Nuevo León, Rodrigo Medina? de Aguascalientes, Carlos González Lozano, quien llevó “invitado” a su antecesor panista, Armado Reynoso Femat, y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Los mandatarios entrantes y salientes sellaron en esa reunión el llamado “pacto de McAllen” para impulsar la candidatura presidencial de Peña Nieto en 2012 y “blindar” al mexiquense ante un embate que temían del presidente Felipe Calderón.
Luis Carlos Castillo tenía con los gobernadores contratos millonarios de obras públicas en sus estados, principalmente trabajos de pavimentación que realizaba con una máquina llamada La Dragona, una pavimentadora y bacheadora que en Estados Unidos fue prohibida por contaminante y por ser “basura tecnológica”, pero en México era contratada por varios gobiernos estatales a través del Dragón. Todavía en la Ciudad de México, en años recientes, se veía a La Dragona pavimentando y bacheando avenidas en el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Pero los contratos de obras no eran el único vínculo entre Castillo y los gobernadores mexicanos. El Dragón también era generoso en donativos para campañas y su Lear Jet 45 XR era utilizado por candidatos del PRI y gobernadores en funciones junto con otras aeronaves del empresario. Incluso, a varios gobernadores Castillo les manejaba sus cuentas en dólares en un banco estadounidense primero llamado Misión Bank y después transformado en Bank of América, donde investigaciones periodísticas documentaron cuentas de funcionarios de Nuevo León y otros estados.
La pregunta, ahora que Luis Carlos Castillo está preso, acusado de lavado de dinero y fraude bancario en EU, es qué tanta información soltará El Dragón sobre sus amigos políticos y gobernadores mexicanos, incluido el hoy presidente, y sobre los negocios que tuvo con ellos. O lo que es lo mismo ¿a quienes quemará El Dragón si sopla ante la justicia estadounidense?.
NOTAS INDISCRETAS La acertada decisión del presidente Peña de retirar el nombramiento automático de Raúl Cervantes para la nueva fiscalía General de la República, con su iniciativa que deroga el transitorio XVI del 102 constitucional, es un primer triunfo de la sociedad civil y de la oposición PAN y PRD que cuestionaron ese nombramiento. Lo que sigue ahora es que, tanto la sociedad como los opositores, exijan una Ley Orgánica que profesionalice y garantice la autonomía de la FGR y que los nuevos fiscales, tanto el General como el de Anticorrupción, surjan de un proceso abierto, transparente y de cara a la ciudadanía. El tema aún no termina A propósito de Anticorrupción, entre los órganos que integrarán al nuevo Sistema Nacional en la materia está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Su presidenta, Yasmín Esquivel, se comprometió en su V informe a cumplir la labor sancionadora contra funcionarios y particulares que incurran en corrupción. “No nos temblará la mano. Vamos a ser implacables para castigar a quienes abusen de la confianza pública”, ofreció la magistrada Para los quintanarroenses que dudaban que tuviera, Roberto Borge sí tiene mamá: se llama María Rosa Yolanda Angulo y la utilizó como prestanombres en una venta ilegal de terrenos por 111 mil metros cuadrados en la isla de Cozumel que el gobernador le vendió a la risible cantidad de 15 millones de pesos. Ese y otros 11 prestanombres documentados por la organización civil “Somos tus ojos” fueron presentados ayer ante la PGR. Mañana informaremos más de las transas de Borge Se agitan los dados. Acecha la Serpiente.
