Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
Contrario al discurso oficial que presenta al nuevo sistema de justicia penal en Puebla como la panacea, está ocurriendo todo lo contrario, ya que se percibe que el modelo recién estrenado ya está provocando una crisis, o mejor dicho una parálisis institucional, puesto que cientos de carpetas de investigación están estancadas sin la posibilidad de que se investiguen los delitos denunciados y ahora presentar a un detenido para que sea puesto a disposición se ha vuelto un martirio, una larga espera que puede superar las 24 horas. Dicho de otra manera: las cosas cambiaron pero siguen los mismos vicios.
Lo grave de esta situación es que no se percibe un interés del fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, de querer evaluar y corregir el fallido nuevo sistema de justicia penal, el cual, en voz de algunos especialistas, es visto como uno de los peores del país.
Estos son algunos indicadores que muestran el fracaso de la reforma en materia de impartición de justicia y que simplemente no muestra beneficios para la población:
Entre junio y agosto de este año, meses en que ya se aplicó el nuevo sistema de justicia penal en todo el estado, se supo que en el sector C4 se registraron unas 2 mil carpetas de investigación sin que hubiera algún detenido y en el sector C5 fueron unas 800 carpetas con las mismas características, que aunque oficialmente están siendo objeto de investigación de la Policía Ministerial en realidad los casos no avanzan hacia ningún lado.
Todo indica que el grueso de los ilícitos denunciados con esos recursos quedarán en la impunidad.
Se sabe que de junio a la fecha, más o menos se han judicializado unos 100 casos con el nuevo sistema, de unas 400 carpetas de investigación que si tenían detenidos como probables responsables de haber cometido un delito. Es decir únicamente se pudo llevar a un juicio a uno de cada cuatro detenidos.
Uno de los problemas centrales es que ahora se ha vuelto más complicado, más tortuoso, presentar a un detenido ante una autoridad. Por eso se ha ensanchado las posibilidades de que delincuentes que son detenidos en flagrancia puedan esquivar el sistema de procuración de justicia por el excesivo burocratismo que priva.
A muchos agentes de las policías Preventiva, Estatal y Municipales les ha tocado, particularmente en el área C5, tener que enfrentar periodos que van de las ocho y hasta las 15 horas para poner a disposición a un detenido.
Hay casos extremos en donde el tiempo de espera se ha prolongado hasta 44 horas, lo cual excede los plazos legales.
Por eso se ha sabido que ya se han presentado algunos casos en que policías, al detectar un vehículo con reporte de robo, prefieren solamente presentar ante la autoridad ministerial al automotor y no al conductor que lo tenía en posesión, ya que detener a la persona sospechosa de hurtar o comprar un auto de manera ilegal se tarda un mínimo de ocho horas, y los agentes de seguridad pública rehúyen a enfrentar esos periodos de larga y cansada espera.
Si a un policía le quedan tres o menos horas para que concluya su jornada laboral no va a detener a un presunto delincuente, para que pase la mayor parte de su día de descanso esperando que sea asegurado por el Ministerio Público.
En caso de que no se corrija dicho vicio, el resultado será tener cuerpos policíacos que buscarán evadirse de su responsabilidad de detener a presuntos delincuentes que se les encuentra actuando en flagrancia.
Se aplicará la máxima: policía que se hace el tonto le va bien.
Y esa actitud no solamente es de los policías, sino también de muchas viíctimas de ilícitos.
Vecinos de Tepeaca, Amozoc, San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Atlixco, así como de San Pedro y San Andrés Cholula, tienen que trasladarse a Puebla a presentar denuncias por sufrir un ilícito. Tal situación ya provoca que cientos de personas por ese inconveniente se desistan de recurrir al Ministerio Público cuando padecen un delito en su contra.
Dicha condición fue creada por el gobierno del estado para presumir a largo plazo de que ha decrecido el número de carpetas de investigación, bajo el falso efecto de que se redujo la delincuencia.
Lo que en realidad va a ocurrir es que se va a ensanchar más el margen de impunidad que hay en Puebla, que ya es alarmante, pero aún puede crecer más.
Por ende, la violencia se va a incrementar. La delincuencia, en la medida en que perciba las fallas del nuevo sistema de justicia penal, se sentirá más segura para actuar, sabiendo que se reducen las posibilidades de que los miembros de bandas criminales sean llevados a un juicio.
Ante estos indicadores uno se pregunta: ¿cuál fue el cambio? ¿Realmente hay un beneficio? ¿Cómo se cree que con estas condiciones mejore la procuración de justicia?
Lo único que queda es sentir miedo de quienes tienen el control del aparato de justicia.
