Los abogados de Elba Esther Gordillo Morales impugnaron este lunes la negativa del juez Alejandro Caballero Vértiz de concederle la prisión preventiva domiciliaria y preparan una queja contra el Estado mexicano que presentarán hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presuntas violaciones en el proceso legal de la maestra.
En entrevista con La Jornada, Marco Antonio del Toro Carazo, defensor de Gordillo Morales, confirmó que el recurso de apelación se presentó ante las instalaciones del mismo juzgado sexto de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, por lo que en los próximos días será turnado a un tribunal unitario de circuito, el cual resolverá en definitiva.
El abogado sostuvo que la resolución del juez Caballero es totalmente descabellada, porque le niega un derecho a la maestra, bajo el supuesto de que no acreditamos pericialmente si había o no riesgo de fuga, lo cual es absurdo, porque no existen peritos que puedan decir si alguien va o no a fugarse.
Añadió que el juez (Caballero) dictó resolución que pone de manifiesto su falta de independencia. El juez expresamente reconoce que los temas de salud no son requisito para la procedencia de la prisión preventiva domiciliaria, por lo que el boletín del CJF (Consejo de la Judicatura Federal) sobre el particular es por demás erróneo y tendencioso.
Según Del Toro, es ridículo pensar que puede probarse pericialmente si hay o no riesgo de fuga. ¿Qué tipo de perito servirá para ello? ¿Perito en qué, en fugas acaso, en seguridad? Absurdo. Es inexplicable.
Un recurso de apelación como el que solicitó Gordillo Morales puede tardar varios meses en resolverse y debido a la discrecionalidad con que solucionan los juzgadores mexicanos los asuntos relacionados con la prisión preventiva domiciliaria es muy probable que el magistrado de segunda instancia pueda variar por completo lo resuelto por Caballero Vértiz.
El pasado domingo, el juez Alejandro Caballero negó el beneficio a Gordillo, previsto en el Código Penal Federal para los mayores de 70 años que no han sido sentenciados.
Gordillo Morales lleva dos años y medio presa, y a la fecha no ha sido declarada culpable de ninguno de los tres cargos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fraude fiscal en una modalidad considerada grave.
Aún si el juez hubiera otorgado el beneficio, Gordillo seguiría en prisión, ya que hubiera tenido que solicitar igual medida al juez Rubén Darío Nohuera, quien lleva el proceso por el delito fiscal.
En un inicio, Gordillo pidió la prisión domiciliaria alegando que tiene múltiples problemas de salud, pero debido a presuntas trabas burocráticas del juzgado y la Procuraduría General de la República, el tema de los peritajes médicos se complicó a tal grado que la defensa optó por basarse únicamente en la edad.
La queja de Gordillo contra el Estado mexicano se presentará este martes en la sede de la CIDH, ubicada en Washington, Estados Unidos. La comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, y está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal.
