Proceso
Fue una denuncia anónima. La recibió la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal (PF). Y ésta abrió un pozo lleno de alacranes.
La investigación, que requirió la ayuda de un juez federal para intervenir teléfonos y correos electrónicos, dio con una red criminal que, apoyada en un empleado de Televisa, monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de los principales involucrados es Adrián Rubalcava Suárez, exdelegado de Cuajimalpa y próximo diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien se considera a sí mismo ahijado político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no es el único.
La Unidad Científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de la televisora. Desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones. Usa las redes sociales y otros recursos de Internet. Opera con trabajadores propios (varias mujeres), familiares y al menos un menor de edad, y recurre, como fachada, a un negocio de su madre en el Mercado Río Blanco (“Barbacoa Rufo ‘El Güero’”) en el DF. Se hace llamar “El Lobo de Wall Street” y falsifica la identidad jurídica de Google. Tiene al menos un alias de abogado, que usa para acosar a periodistas y medios.
Danna Vázquez, una representante de artistas que fue involucrada en el uso de cuentas de sus clientes para promover al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –también partido de Rubalcava–, está relacionada a la red. También Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, exdirector de Comunicación Social de Cuajimalpa. Es un operador directo de las campañas de acoso contra periodistas y políticos y está grabado en conversaciones con Zaragoza.
El equipo de Zaragoza atacó recientemente a los portales de Aristegui Noticias, a SinEmbargo, a un periodista de Grupo Imagen, a Cuna de Grillos y a otros medios y comunicadores de la capital y del interior del país. Se cree que ataques similares fueron recibidos al menos por el periódico Reforma, aunque el periodo de las escuchas no alcanzó a documentarlo.
No se sabe a cuántos medios y periodistas atacó la red criminal. Tampoco a cuántos políticos. Se tiene el dato de que opera, al menos, desde 2011. Un registro de Indautor (Instituto Nacional del Derecho de Autor) otorgó esta última información porque, aunque Zaragoza fue “borrando” huellas, cometió muchos errores. La PF no ofrece evidencia de que el empleado haya operado con anuencia o conocimiento de algún superior en la empresa en la que labora.
La investigación realizada por la Unidad Científica consta en el expediente 074/2015, fincado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). SinEmbargo tuvo acceso al expediente por la denuncia interpuesta debido a los ataques que recibieron varios directivos a finales de 2014.
La PF contribuyó con más de 30 intervenciones telefónicas que dan cuenta de la relación del exdelegado de Cuajimalpa con el trabajador de Televisa.
La investigación federal está en manos de la Fiscalía que, en teoría, defiende a periodistas. Pero el expediente no se ha integrado y tampoco se ha turnado a un juez. La primera agente del Ministerio Público que llevó el caso fue relacionada, en grabaciones, con presuntos actos de corrupción. Una grabación indica que habría recibido dinero de los agresores de periodistas. Fue relevada por petición de parte, pero sigue en su oficina. Ella lleva, hoy, otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz.
Un compañero de la MP, designado para el caso, se fue “de vacaciones” justo antes de que Rubalcava obtenga inmunidad procesal (el viejo fuero) y aún cuando la Fiscalía fue alertada sobre la urgencia de consignar porque uno de los involucrados, Rubalcava, podrá legalmente esconderse en la ALDF.
Rubalcava ha ordenado ataques a políticos de su partido. Ha involucrado, en las campañas de difamación, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Mancera, a César Camacho, a Héctor Serrano y a muchos más.
Ordenó –y quedó en las grabaciones– “putear a Mauricio López”, líder del PRI en el DF. Esta y otras historias serán presentadas en los siguientes días.
En México, cada 26 horas hay una agresión contra un periodista. El año pasado ocurrieron 326 casos, entre ataques físicos, psicológicos, intimidantes y cibernéticos, según la organización internacional Artículo 19 en su “Estado de Censura. Informe sobre violencia contra periodistas 2014”.
En 43 por ciento de los casos, el ataque provino de un funcionario público.
