En 10 meses de investigación del llamado caso Iguala, 110 personas han sido inculpadas de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero ninguna ha sido sentenciada, falta por detener a dos de los principales involucrados en lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de ese acontecimiento a la fecha han sido localizadas más de 25 fosas clandestinas en el estado de Guerreo, se han contabilizado mil 428 homicidios dolosos, se han cometido 113 secuestros, y hay más de 30 personas desaparecidas.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de que durante la gestión de Jesús Murillo Karam se informó que el Instituto de Biología de la UNAM participó en las investigaciones, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia reveló que no existen documentos que respalden esa afirmación.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, refiere que de septiembre de 2014 a junio de este año se han contabilizado en el estado de Guerrero mil 428 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
Asimismo, el número de secuestros, en el mismo lapso, fue de 113 casos, y la cantidad de extorsiones que se reportaron fue de 140.
Las estadísticas gubernamentales refieren que no han disminuido los índices de criminalidad en esa entidad, por el contrario, se ha ido incrementando el número de homicidios y hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, principalmente en la zona de Acapulco y también en la zona de La Montaña.
En el caso Iguala, la PGR mantiene abiertas dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dos averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los normalistas.
No hay cargos por desaparición
Por otra parte los familiares de víctimas de desaparición y también de personas que resultaron lesionadas por las agresiones de los policías municipales están recibiendo atención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que de los 110 consignados, la PGR mantiene en su contra las acusaciones de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad agravado (este delito por lo que hace la desaparición de los 43 normalistas, ya que el Ministerio Público continúa con la política de que es mejor que los inculpados sean sentenciados por secuestro, ya que con ello alcanzarían penas de hasta 140 años de prisión, mientras que si los sentenciaran por desaparición forzada se les impondrían penas que van de los 8 a los 40 años de cárcel.
En cuanto a las investigaciones realizadas durante la gestión de Jesús Murillo Karam, el ex procurador afirmó que parte de los peritajes para la búsqueda de los normalistas y respecto de los restos encontrados en el río Cocula, los realizaron integrantes del Instituto de Biología de la UNAM, pero en respuesta a una petición ciudadana, la dependencia señaló que en los archivos y bases de datos no se cuenta con algún documento que registre la realización de estudios entomológicos y biológicos.
La dependencia también da dado cuenta de que en los estudios y peritajes realizados participaron un total de 87 peritos de la PGR, y que de ellos, 30 tenían entre uno y cinco años de antigüedad en la institución; mientras otros 33, entre 11 y 15 años laborando en la PGR.
Los gastos erogados por la institución ministerial como viáticos ascendieron a 345 mil 845 pesos, en los más de dos meses que laboraron en la zona.
Asimismo, la PGR ha señalado que no cuenta con reportes escritos del contacto formal o informal que estableció la institución con la Universidad de Innsbruck, Austria, para la realización de peritajes en fragmentos de huesos que presuntamente corresponderían a los restos de los 43 normalistas.
