Jorge Rodríguez Corona / A Puerta Cerrada
Para entender bien el desdén con el que una mayoría de políticos mira a la denominada minigubernatura, de un año con ocho meses, hay que revisar de manera cuidadosa los tiempos de vigencia que en términos reales va a poseer el próximo mandatario estatal.
Aun cuando la Constitución local establece un plazo formal de 20 meses para el siguiente periodo de gobierno, de febrero de 2017 a octubre de 2018, en los hechos el sucesor de Rafael Moreno Valle verá desaparecer el aura de poder que otorga una posición de esta naturaleza en menos de un año.
Vea usted.
Una vez que se concrete la reforma política para empatar la legislación poblana con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que ocurrirá en este 2015, el proceso para la celebración de comicios de gobernador arrancará en el mes de octubre previo al día de las votaciones, que será el primer domingo de junio del año siguiente.
Esto significa que el proceso formal para emprender el relevo del minigobernador dará inicio en octubre de 2017, apenas ocho meses después del acto de toma de protesta.
Después de eso, siempre en la ruta del proceso constitucional, vendrá el comienzo de las campañas electorales, en marzo de 2018, y de manera posterior, en junio de ese mismo año, la jornada electoral que habrá de definir al nuevo mandatario.
Si para entonces el gobernador de un año con ocho meses todavía conserva ciertos niveles de influencia sobre los actores políticos del estado, éstos se evaporarán al día siguiente de los comicios, cuando esté declarado el nombre de su sucesor, sea del partido que sea.
Esto que acaba de repasar es lo que compete al calendario electoral formal, el que será establecido a partir de la reforma política que ya se avecina.
Pero si voltea usted al calendario de usos y costumbres verá que las expectativas se ponen peor.
Que el proceso legal arranque en octubre de 2017 no significará, ni remotamente, que los aspirantes a Casa Puebla vayan a permanecer quietos hasta esa fecha.
Para nada.
Los principales tiradores al gobierno del estado, tanto del PAN como del PRI y en una de esas hasta del PRD y Morena, comenzarán a correr a partir del primer día de la nueva ‘mini’ administración estatal, con todo lo que ello implicará para el Ejecutivo recién desempacado.
Por eso es que son muy pocos los personajes que en verdad quieren competir por un “sexenio” de 20 meses.
Agréguele dos puntos más.
Uno, que el desgaste de la campaña, personal, político y económico, será similar al de cualquier otra, sin importar que el ganador se encamine a un gobierno tan corto.
Y dos, que quien sea quede, tendrá que cohabitar con diputados locales y presidentes municipales emanados de otra elección, de otra circunstancia política, lo que complicará el cotizado asunto de las lealtades.
Así se entiende bien por qué muchos preferirían quedarse en casa a mirar el espectáculo desde el sofá, en espera de la siguiente elección de gobernador, la de 2018.
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Después de un largo periodo de consulta realizado entre trabajadores docentes de la institución, la BUAP estrenó ayer un renovado Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico que busca mejores condiciones laborales para sus profesores.
En votación unánime, los integrantes del Consejo Universitario, entre ellos el rector Alfonso Esparza Ortiz, le dieron el “sí” al nuevo documento, al que no se le había modificado ni una sola coma en los últimos siete años. Se trata de una reforma que tomó en cuenta el 70 por ciento de las opiniones efectuadas por maestros, investigadores y directores.
Con el RIPPA, como se le conoce en la universidad, se pretende fortalecer la vida académica a través del establecimiento de reglas claras que garanticen la equidad y la transparencia en los procesos de contratación, permanencia y mejora salarial de los maestros.
@jorgerdzc
