No es por intrigar pero algo grave está pasado en el destacamento de la Policía Federal en Puebla, dado el cúmulo de quejas y denuncias por parte de los elementos de tropa en contra del comisario José Adalberto Barrales Arias, coordinador y alto mando de la PF en el estado, principal causante de una rebelión en ciernes en tan importante corporación del gobierno de la República.
Según ha trascendido, el coordinador ha incurrido en varias presuntas anomalías dignas de atención por parte de sus superiores, quienes en cualquier momento podrían verse obligados a intervenir para tranquilizar las cosas en la PF en Puebla.
De acuerdo con los elementos del cuerpo policiaco, el susodicho estaría pidiendo mensualmente una cuota de 15 mil pesos a cada uno de los titulares de las estaciones de la Policía Federal en el estado para conservar su trabajo; los que se han negado, como es el caso de los titulares de los destacamentos “Tehuacán” y “Zaragoza”, han sido puestos a disposición del centro de mando en Iztapala, en la ciudad de México, a manera de represalia.
Otra de las quejas tiene que ver con el hecho de que Barrales Arias sólo autoriza que lleven los autos radio patrullas descompuestos a un solo taller en la ciudad de Puebla (Car Fix S.A. de C.V.), y las patrullas de la estación “Huauchinango” a un solo taller de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, donde hasta hace poco él fungía como coordinador estatal. Muchos se preguntan qué clase de intereses económicos hay detrás de estas decisiones, que alcanzan a la papelería, la cual también se adquieren a un solo proveedor.
Pero eso no es todo: los elementos de tropa aseguran que el jefe policiaco tiene a dos personas ajenas a la Policía Federal pero que lo apoyan en sus actividades diarias; estas personas se encuentran en cualquier área de la coordinación estatal verificando todas las actividades del personal e informándole puntualmente de todo, creando un clima de terror laboral. En múltiples ocasiones ha hecho uso de los carros radio patrullas, es decir, de los vehículos oficiales para hacerle mandados.
También cuentan que hace algunos días la asistente personal de Barrales Arias, la suboficial Patricia Lomelí, presuntamente se robó el teléfono celular de una compañera suya de nombre Isel Reyes; después de una búsqueda en escritorios y anaqueles de la coordinación estatal, ordenada por el entonces supervisor operativo en Puebla, inspector Luis Gerardo Olvera Vázquez, apareció el aparato celular en el locker de la suboficial Lomelí.
La afectada iba a proceder a denunciar los hechos ante la autoridad ministerial correspondiente, pero el coordinador intervino de inmediato a favor de su protegida, impidiendo que se presentara la denuncia por robo, solapando el mal comportamiento de sus allegados y enviando a la tropa el mensaje de que son intocables hagan lo que hagan.
Hay otras acusaciones muy, muy serias, que tienen que ver con la delincuencia organizada y en concreto sobre sucesos ocurridos recientemente en el destacamento de “Ciudad Serdán”; sin embargo, los policías no quieren hablar mucho de eso por tratarse de temas verdaderamente delicados, que los comprometen al igual que el prestigio y la reputación de la institución; lo que ellos quieren es que se ponga fin a los abusos que diariamente se cometen en su contra y que se revise a fondo la actuación de su coordinador estatal, el cual ha puesto a la PF en el ojo del huracán. Literalmente.
