Luego de la comparecencia de Facundo Rosas Rosas prevista para este día, el siguiente funcionario poblano en sentarse en el banquillo de los acusados será el procurador general de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, quien el viernes 8 de agosto deberá explicar los resultados de los peritajes elaborados por su dependencia y la teoría de la onda expansiva de un cohetón como la causa de la muerte del menor José Luis Tehuatlie.
Según el comunicado de prensa 217 de la CNDH, ya se le había solicitado al titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla que remitiera los documentos y estudios que se realizaron para el peritaje que fue presentado ante los medios de comunicación el pasado 30 de julio donde exculpa a los uniformados de la muerte del menor, pero hasta la fecha no los ha entregado, por lo que se espera que lo haga durante su comparecencia.
Hasta el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo ha citado a Rosas Rosas y a Carrancá Bourget entre las autoridades poblanas que están implicadas directa o indirectamente en el caso Chalchihuapan, aunque no se descarta que también sea citado a comparecer a Luis Maldonado Venegas, titular de la Secretaría General de Gobierno, quien en teoría tenía que intervenir a través de los mediadores de la dependencia para escuchar los reclamos de los manifestantes, pero que el día de los hechos brillaron por su ausencia.
Como se recordará, desde el lunes la CNDH citó a comparecer para este 6 de agosto a Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a fin de que declare sobre los hechos ocurridos el 9 de julio, pues según un comunicado de la propia comisión “a consecuencia de tales circunstancias perdió la vida un menor de 13 años de edad, nueve personas civiles resultaron lesionadas de diversa gravedad, al menos 40 elementos policiales presentaron lesiones y existe un número indeterminado de personas agraviadas por actos atribuibles a servidores públicos a cargo del ingeniero Rosas Rosas”.
Los citatorios a ambos funcionarios de Puebla forman parte de la investigación por violaciones graves a los derechos humanos que inició la Comisión Nacional la semana anterior, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B de nuestra Constitución y 6, fracción XV, de su ley, y 89 de su reglamento interno.
