México sigue siendo uno de los países donde mayor riesgo enfrentan los periodistas al desempeñar su trabajo, como lo confirman diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Derechos Humanos, que ubica a Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo como las entidades que durante 2013 se destacaron como las más violentas de nuestro país en contra de la libertad de expresión.
Así lo advirtió el diputado federal, José Everardo Nava Gómez, quien recalcó que pese a que los artículos 6º y 7º de la Constitución Política protegen la libertad de expresión, en la práctica diaria ejercer el periodismo constituye un grave riesgo para quienes difunden información a través de los diversos medios de comunicación.
El legislador priísta recordó que incluso instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, pugnan por el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.“Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, precisó.
Mecanismos internacionales que, dijo, tampoco han frenado en nuestro país las constantes violaciones al derecho de libertad de expresión de los mexicanos.
Recordó que en agosto pasado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general número 20 sobre “agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”, dirigida al gobierno federal y a los gobiernos estatales, dando a conocer el notable incremento en la cantidad de agresiones a medios de comunicación y periodistas.
“Agresiones en que las autoridades procuradoras de justicia, han propiciado un significativo vacío de resultados en el esclarecimiento de ilícitos como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación principalmente. Y en el que tampoco las autoridades encargadas de la seguridad pública han logrado inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas para impedir la violencia que aqueja al gremio periodístico”, advirtió.
De acuerdo con dicha recomendación, la CNDH señala que del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013 recibió 842 denuncias de quejas relacionadas con agravio a periodistas y medios de comunicación. Además, conoció de la muerte de 85 periodistas, 20 desaparecidos y 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación en 24 entidades federativas.
Medidas cautelares
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión informó que a partir de su creación el 5 de julio de 2010, al 5 de julio de 2013, inició 378 averiguaciones previas, de las cuales 47 se consignaron, y únicamente en una de éstas se dictó sentencia; 210 fueron remitidas por incompetencia a otras autoridades; 23 se acumularon a otras ya existentes y en 5 se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Asimismo, en 75 averiguaciones previas dictó medidas cautelares de protección y auxilio a favor de víctimas y sus familias, y se ejerció la facultad de atracción en nueve casos; contando aún con 93 indagatorias en trámite. Lo que refleja que de los 168 casos atendidos por esa instancia, en el 28 por ciento se ejercitó acción penal, el 55 por ciento de investigaciones permanecen sin determinación y sólo en un caso se dictó sentencia.
Mientras que la Organización Mundial de Derechos Humanos, organismo que trabaja por la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, alertó de un cierre violento de 2013 para la prensa en México y particularmente menciona a los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, dijo el diputado José Everardo Nava Gómez.
Por ello, el legislador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa encaminada a reformar los artículos 66 y 67 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer una sanción de hasta 15 años de prisión a los servidores públicos que pongan en riesgo o causen daño a la persona defensora de derechos humanos y periodistas.
