A nivel nacional el estado de Puebla ocupa el tercer lugar en robo de infantes, según algunas estadísticas, sostuvo ayer Víctor Arturo Gutiérrez, delegado en la entidad de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos (FNINRD). El dato revelado por el especialista es escalofriante y no puede dejar de inscribirse en el ambiente de inseguridad que organizaciones y ciudadanos han señalado, exigiendo que las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplan con su deber constitucional de brindar protección a la sociedad.
Sin embargo, el robo de niños es el crimen más grave que se puede cometer, pues se trata de un atentado contra la sociedad entera, que pierde con cada pequeño a los individuos más vulnerables de su conformación.
A pesar de que hay una política estatal y federal deliberada para ocultar el clima de inseguridad y violencia que priva en el país y en la entidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Prácticamente no hay un sector que no se encuentre a merced de la delincuencia, pues si el secuestro flagela principalmente a los niveles pudientes, y el latrocinio patrimonial se aboca primordialmente de la clase media, sin duda el robo de infantes se perpetra casi siempre a familias marginadas, que tienen muy limitadas posibilidades de defenderse y recuperar a sus seres queridos.
Las autoridades deben entender que no es con campañas mediáticas como se solucionan los problemas, pues la percepción no es paliativo de realidad alguna.
