Que siempre sí, la rebelión protagonizada por los diputados tricolores obligará a la bancada del PAN y al resto de los partidos promotores de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, que busca regular la estructura orgánica de las juntas auxiliares, hacer algunos ajustes en sus planteamientos originales.
No lo platique usted antes de que sea un hecho, para que los blanquiazules no se enojen, pero se dice que Mario Riestra Piña y el inquilino de Casa Aguayo, que no el de Casa Puebla, han aceptado ceder en algunas de las exigencias puestas sobre la mesa por el PRI.
En el supuesto de no hacer caso a por lo menos una o dos propuestas tricolores, les han dicho a Riestra y a ese misterioso inquilino de Casa Aguayo sus asesores, la reforma quedará con abolladuras y lesiones imposibles de olvidar en el futuro.
Eso no es lo que se desea en la oficina pública donde se originó la iniciativa.
Por todo ello, prepárese usted para dos cosas.
Una, para que los periodos de gestión de los siguientes presidentes auxiliares sean de cuatro años con ocho meses, y no de tres años para unos (los primeros) y de dos años para otros (los segundos), como está escrito en la propuesta panista.
Y dos, para el retiro de aquel ordenamiento que pretendía facultar a los presidentes municipales para “designar” a la autoridad auxiliar en caso de que ésta no pudiera emanar de un proceso electoral regular, como los que todos conocemos.
Así las cosas, parecerá entonces que algún resultado habrá salido de la inconformidad priista.
Lo que no cambiará es que las juntas auxiliares se convertirán en organismos desconcentrados de los ayuntamientos.
Tampoco se les permitirá continuar con el cobro por los servicios del registro civil, que además lo venían haciendo -aún hasta hoy-de manera arbitraria, ventajosa e irregular.
En suma, la reforma terminará por otorgarle algunos gustos políticos al PRI pero conservará su esencia jurídica.
La Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas, y el líder de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, Mario Riestra, convinieron en la necesidad de poner orden en las juntas auxiliares.
Para poner orden había que definir dos temas.
Primero, dejar bien claro, establecerlo en la Ley, qué es lo que sí pueden hacer los presidentes auxiliares, para impedir que se sigan extralimitando en sus funciones.
Y segundo, definir un proceso de rendición de cuentas que los obligue a ser más cuidadosos en el manejo de los recursos públicos.
Eso permanecerá en la reforma.
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