En más de una ocasión ha sido cerrado el comedor de empleados del Soapap en San Manuel para recibir a empresarios españoles, chilenos, japoneses y hasta chinos, interesados en la privatización del organismo.
Esta presencia de inversionistas extranjeros ha sido aprovechada por directores y jefes de departamentos de algunas áreas del sistema para alentar el terrorismo laboral y, con ello, timar a los empleados.
En ninguna parte de las bases de la licitación para adquirir al organismo se estipula que siga el personal ya existente, por lo que la liquidación es más que inminente.
Tal es la incertidumbre causada que muchos temen ya no aparecer en el verificador de huellas en la entrada.
La nueva empresa privada que se quede con el Soapap no asumirá los pasivos laborales, de ahí que directores y jefes de departamentos abusan y comienzan a hacer negocios a costa del personal.
Claro, la Contraloría ni sus luces.
Hay dos mafias que se han creado al interior del Soapap para sacarle dinero al personal que sabe que será corrido en cualquier momento.
El primero se ubica en el área de Administración y Finanzas, a cargo de Jorge Gómez Haro. Ahí, el gerente de Ingresos, Sergio Ferrer Burgos, es señalado de haber elaborado una presunta lista secreta, donde aparecen los nombres de los elegidos para ser liquidados y recontratados por la nueva concesionaria del servicio.
Para ingresar a tan selecta lista, Mónica Anahí Sahagún, jefa de Compras y su jefe, Guillermo Antonio Navarro Buitrón, gerente de Licitaciones y Adquisiciones, se dan el lujo de humillar al personal hasta que demuestre su incondicionalidad ante los cambios que vendrán en el Soapap.
“Si te arrastras y aprendes a ser nuestro criado serás incluido en la lista secreta“, es lo que exige este par de personajes prepotentes. ¿De dónde habrán aprendido?
Otro caso más dramático ocurre con José Manuel Alcayde Domínguez, quien aparece en el organigrama como Gerente de Regularización de Inmuebles y Licencias, pero se presenta ante el personal como su abogado.
Ahora, promueve un milagroso amparo laboral, al estilo de Innova System.
Su argumento seduce como el comercial, aunque en los hechos resulta ser el peor gasto para el cliente:
Con ese amparo obtendrán liquidación con prestaciones mayores a lo que establece la Ley, y la recontratación con mejores expectativas laborales.
A cambio cada interesado debe entregarle mil pesos.
Un abogado de nombre Abel Cárdenas se encarga de recibir los mil pesos que algunos empleados ya le entregaron por su mentado amparo milagroso, de acuerdo con una denuncia expuesta a Al Portador.
Desde cualquier ángulo, lo que ocurre en el Soapap es una chingadera, donde los empleados son engañados por directivos voraces, solapados por el queretano Manuel Urquiza.
¿Y la Contraloría?
Bien, gracias.
Ahora sí, que empiece la cruzada anticorrupción en Puebla.
Pago por ver.
