Blanca Lilia Ibarra Cadena, una de las tres integrantes del pleno de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Puebla (CAIP), denunció ayer que se están filtrando datos de ese organismo al gobierno estatal y demás sujetos obligados para favorecer a las autoridades y no a los ciudadanos en las solicitudes de información.
Por esa razón, a planteamiento de la comisionada, se acordó que la Contraloría de la CAIP inicie una investigación para determinar si existe fuga de información para provecho de los sujetos obligados.
Ibarra Cadena sugirió que su homólogo, Federico González Magaña, puede ser el responsable de las filtraciones.
“No quisiera pensar, y quiero dejarlo asentado, comisionado, para que usted tome nota y lo pueda enviar en sus mensajes de teléfono: llama mucho la atención que curiosamente la información que se amplía es la que va en nuestros proyectos de resolución. Yo expongo pública y abiertamente mi preocupación de que se estén filtrando documentos, incurriendo en una violación a la Ley de Transparencia y a la Ley de Responsabilidades del Servicio Público, porque no es el único recurso. Hemos observado en los últimos meses que precisamente han ampliado información, como ahorita, unos minutos antes para que entonces, en las sesiones, no se revoque y entonces no se a qué temen, si desde un principio pudieron haber entregado la información”.
La comisionada se refirió así a los varios casos que se han presentado mediante los cuales las instituciones gubernamentales, organismos descentralizados y partidos políticos en primera instancia niegan la información que les solicitan los ciudadanos, pero luego, apenas minutos antes de que el pleno de la CAIP emita una resolución obligándolos a entregarla o señalando su conducta anómala, curiosamente entregan los datos al pleno, evitando así una mácula en su expediente que los señale como opacos.
“Qué bueno que se entregue la información. Qué malo que se utilicen prácticas dilatorias para no cumplir con el (Artículo) Sexto de la Constitución, que en su Fracción Cuarta precisamente establece mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos; es decir, estamos cayendo en un juego perverso de violentar la Constitución y la expeditez de este derecho”, apuntó Ibarra.
“Me llama la atención, precisamente mi ponencia observó que en ese momento, cuando se iba a presentar el recurso, no se había admitido el acuerdo de inexistencia y la partida y no el capítulo del clasificador. Curiosamente se entregó en otra ampliación esa información que nosotros habíamos observado en su ponencia. Esta última circunstancia, insisto, llama la atención. Yo hago un llamado al presidente y al pleno a que se haga una investigación a partir de este momento; que revise que no se estén filtrando los documentos, porque curiosamente las ampliaciones van en el mismo sentido en que vienen las resoluciones en los recursos. Me parece que eso es un asunto sumamente delicado y yo quiero dejar constancia, como lo he hecho también en otro momento y lo he expresado tanto en corto (sic) como en público, en el pleno de esta comisión, donde exijo que se analicen por el área jurídica estos procedimientos”, expresó.
En seguida indicó que según las normatividades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y del organismo homólogo en el Distrito Federal no se permite que los sujetos obligados entreguen los datos de última hora, lo cual no es ético ni prudente. “Me parece que lejos de favorecer al ciudadano estamos cayendo en las prácticas dilatorias de los sujetos obligados”, argumentó.
En respuesta, González Magaña señaló que “aunque no sea ético ni prudente” los asuntos tienen que resolverse con la ley vigente en Puebla y el Código de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria para la resolución de los recursos de revisión, y no se puede permitir la violación del debido proceso que establece el marco legal que aplica en la entidad. También se sumó a la investigación cabal sobre la presunta fuga de información, tanto a medios de comunicación como a los sujetos obligados para evitar que se contamine el trabajo de la CAIP.
El comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez instruyó al área jurídica y de planeación que se realice un proyecto para que se regulen los tiempos que tengan los sujetos obligados para la ampliación de información, durante la substanciación de los recursos de revisión que se atienden en la CAIP y evitar esta práctica, que se ha vuelto recurrente en las últimas semanas.
De igual forma se giró la orden para que el contralor interno de la CAIP realice las investigaciones correspondientes y determine si existe fuga de información a los sujetos bligados o a cualquier otra instancia, para garantizar el correcto cumplimiento de la Ley de Transparencia.
