En Puebla dos mandatarios estatales marcaron los referentes básicos en la forma de gobernar, los cuales han sido dos extremos totalmente opuestos. Ellos son Maximino Ávila Camacho, quien se destacó por ser autoritario, tener un poder ilimitado y centrado en su persona, así como Alfredo Toxqui Fernández de Lara, un hombre conciliador, plural, tolerante e institucional. Frente a estos dos modelos queda claro que el actual jefe del Poder Ejecutivo, Rafael Moreno Valle, va en la ruta del avilacamachismo.
Saco a colación dicho comparativo con motivo del amedrentamiento que ha hecho el gobierno del estado –por medio de filtraciones– de que buscará llevar a los tribunales a un grupo plural de periodistas, entre los que se encuentra este columnista, para que respondan a supuestos “daños morales” provocados en contra del gobernador. En realidad se trata de un amague no para ajustar cuentas con un puñado de comunicadores, sino para intentar acallar toda crítica contra el jefe del Poder Ejecutivo.
La situación apunta a que el gobierno está recurriendo a los pleitos judiciales luego de que fracasó su primera estrategia para estrangular económicamente a periódicos impresos y de internet por la vía de cancelar los convenios de publicidad, pues desde el arranque del sexenio, en la administración estatal se determinó que debían de desaparecer la mayoría de los medios de comunicación de Puebla, sobre todo aquellos que buscaran ejercer algún tipo de crítica contra el morenovallismo.
Dicho comportamiento no se agota en el tema de los medios de comunicación. El fondo del asunto, se percibe, es que se quieren anular todas las voces que disientan con el gobernador. Y de esa forma, se elimine la crítica contra el Poder Ejecutivo durante el próximo proceso electoral local –que formalmente arranque en un par de semanas– y a lo largo de la segunda mitad del sexenio.
Y es que el gobernador tiene una visión totalitaria, similar a la que había con Ávila Camacho. Quiere un control absoluto del próximo Congreso local, de las principales alcaldías, de la dirigencia de todas las fuerzas políticas, del Poder Judicial, de los organismos empresariales y que no haya una sola instancia que ejerza algún tipo de contrapeso o de fiscalización. Además, quiere imponer por lo menos a los dos próximos mandatarios de la entidad.
Algo curioso, es que como parte de ese esquema al inicio del gobierno todo mundo suponía que serían grupos del PRI o figuras de ese partido los que sufrirían persecución. No ha sido así.
El hostigamiento gubernamental se ha dirigido contra panistas tradicionales, sindicatos, medios de comunicación y académicos, ya que es ahí donde se concentran las voces de quienes sienten desconcierto de que el primer gobierno no priista, que llegó al poder por la vía democrática, sea más opaco, autoritario y sin sensibilidad social que todas las administraciones estatales que le antecedieron a la actual en por lo menos tres décadas y media.
Es cierto que algunos periodistas han cometido excesos contra la figura de Rafael Moreno, sobre todo en su etapa de candidato opositor a la gubernatura.
Sin embargo, el gobernador desde que llegó a Casa Puebla no ha hecho el más mínimo esfuerzo de conciliar con la prensa y una larga lista de actores sociales y políticos. Su visión siempre ha sido la de confrontar, en lugar de buscar la armonía, que se supone que todo gobernante está obligado a fomentar. Al contrario, desde que el mandatario se instaló en el Poder Ejecutivo, en el tema de la prensa, siempre se dijo que “algunos medios tienen necesariamente que desaparecer”.
Un día este columnista dialogó con un alto funcionario del gobierno estatal, quien le dijo a rajatabla: “para que el gobernador tenga una buena relación con La Jornada de Oriente, ustedes –es decir los periodistas de este diario– tendrán que hacer cero críticas contra el gobierno. No se acepta ni el más mínimo cuestionamiento contra un director de tercer nivel”.
“Pero cómo te imaginas una prensa en Puebla que no ejerza la más mínima crítica”, le cuestioné, a lo que el morenovallista, con una sonrisa, me respondió: “Ahí está el gobierno de Eduardo Rivera. A ese si le puedes pegar”, y dio por concluida la conversación.
Y es que en el esquema del mandatario, solamente debe de haber dos o tres periódicos, unos cuantos noticieros de radio y un par de programas de noticias de televisión, en cuya masa informativa nunca se hable de algún error del gobernador.
Todo esto constituye un retroceso brutal en Puebla en contra de la libertad de expresión, contra la pluralidad política, contra la diversidad social y los derechos humanos. Y dicha situación es posible porque no hay oposición. La izquierda tendría que estar dando la lucha contra este ambiente totalitario, pero el PRD –que es dirigido por Eric Cotoñeto y Luis Miguel Barbosa Huerta– está vendido con el morenovallismo.
