Si el proceso para nombrar a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha sido opaco y discrecional, el iniciado para elegir al nuevo miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) raya en el misterio, el tapadismo y la confidencialidad.
Esta situación va más allá del absurdo por tratarse, precisamente, del organismo garante de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas públicas en el estado de Puebla.
Para empezar está la escasa difusión dada a la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LVIII Legislatura local. En el portal del Congreso del estado y la CAIP recién apareció hasta el sábado por la tarde, en el límite del plazo legal.
Lo paradójico del caso es que dentro de las bases de la convocatoria no se estipula —a diferencia de lo que sí se establece en la Ley de Transparencia, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del estado— la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales especialistas en la materia, las asociaciones de profesionistas y las instituciones académicas participen en la evaluación y audiencias a que deben someterse los candidatos postulados.
A eso se suma que la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado, la diputada Josefina Buxadé Castelán, se ha negado a abrir al escrutinio público el proceso de selección del nuevo comisionado o comisionada de la CAIP con el pretexto de que en la convocatoria no se agendaron audiencias ni sesiones públicas.
El registro de propuestas se mantendrá abierto hasta el 15 de noviembre. Desde esa fecha hasta el 30 de noviembre la documentación de los postulados será revisada, y quienes cumplan con los requisitos pasarán a entrevistas con los diputados miembros de la Comisión de Transparencia, como segundo filtro, a fin de integrar una terna que será sometida al análisis y discusión del pleno del Congreso del estado.
Sin embargo, en ninguna de las bases de la convocatoria se plantea el compromiso de que la designación del nuevo integrante de la CAIP se abra, por completo o en alguna de sus etapas, a la participación de la sociedad civil o las organizaciones especialistas en la materia.
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Poca, muy poca voluntad han demostrado hasta el momento el secretario de Seguridad Pública del estado, Ardelio Vargas Fosado, y el director de la Policía Estatal Preventiva, Ricardo Ariel Vera Lira, para facilitar la identificación del comandante y los tres efectivos que la noche del sábado levantaron, golpearon y asaltaron a los periodistas Jesse Brena García, de Milenio Puebla, y Gerardo Rojas González, de e-consulta.com
A diferencia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Amadeo Lara Terrón, que desde el domingo puso a disposición de los periodistas agraviados fotos tanto de los jefes como de los uniformados que la noche del sábado estaban en activo, en la Secretaría de Seguridad Pública del estado ello no ha ocurrido.
Los reporteros han expresado ante diferentes instancias, como el procurador Víctor Carrancá Bourget; el director para la Atención Delitos Relacionados con los Servidores Públicos, Benjamín Albores Manzo, y el subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Mario Rincón González, que podrían identificar a sus agresores. Pero hasta el momento la Policía Estatal se ha rehusado a abrir los registros fotográficos de su personal o los expedientes con las cédulas únicas de identificación policial (CUIP), que por ley todo efectivo debe llenar antes de portar un arma de fuego.
El pretexto es que en sus archivos no existen fotos de todos los policías.
¿Y entonces para qué sirven las pruebas y exámenes de control de confianza o la tan cacareada Plataforma México? ¿Acaso son pura faramalla? ¿O es que en Puebla hay efectivos que portan armas de fuego sin contar siquiera con su CUIP?
Lo que en realidad parece no existir es voluntad política por parte de Ardelio Vargas y Ricardo Ariel Vera para facilitar el reconocimiento del comandante y los policías que, después de asaltar a los reporteros de e-consulta.com y Milenio Puebla, los abandonaron en un lote ubicado baldío en las inmediaciones de Ciudad Judicial en las primeras horas del domingo.
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A diferencia de lo que se creía, el festejo de 15 años de la hija de Jorge Estefan Chidiac y su esposa Astrid López Gargallo, en el salón Tres Marías de Camino Real a Cholula, no fue una reunión de políticos y empresarios ligados al secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Y es que la mamá de la quinceañera y organizadora de la celebración cuidó que al evento sólo acudieran familiares, amigos, padrinos y compañeros de colegio de Karime Estefan López.
Entre los contados políticos invitados a la fiesta estuvieron el secretario de Infraestructura del gobierno del estado, José Antonio Gali Fayad, y su hijo, el diputado Antonio Gali López, tío y primo de la quinceañera, así como la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Carlos Sánchez Romero, que son compadres de Jorge Estefan y su señora Astrid López.
