De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en todo el país, Puebla no cuenta con las condiciones de gobernabilidad en los Centros de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, ya que carece de personal de seguridad y custodia suficiente para mantener el control de los penales, además de detectar abusos en contra de los derechos humanos de los internos a la hora de aplicar sanciones disciplinarias.
El DNSP es un instrumento de evaluación que permite analizar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, relacionado con las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión, con perspectiva del respeto a los derechos humanos, el cual se ha convertido en un indicador importante que refleja la situación que prevalece en tales lugares. Es también una herramienta de consulta para las autoridades penitenciarias, académicos e investigadores interesados en la materia, que se realiza a través de la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
El ejercicio consiste en calificar en escala del cero al 10 una gama de indicadores y subindicadores que representan las condiciones mínimas que deben existir en una prisión, de acuerdo con nuestra Constitución federal y las leyes, principios, instrumentos, acuerdos, convenciones y tratados, nacionales e internacionales suscritos por México, que contienen referencias sobre el tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de internamiento, a efecto de procurar una estancia digna y segura, y tratar de lograr su reinserción, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La CNDH aplicó el diagnóstico en el Cereso de Tehuacán, Tepexi de Rodríguez y Puebla, siendo éste último el único que no aprobó las condiciones de gobernabilidad, uno de los cinco rubros que evaluó el DNSP, mientras que Tehuacán tampoco cuenta con personal de seguridad y custodia suficiente y en Tepexi se detectaron actividades ilícitas como el ingreso de objetos y sustancias prohibidas.
Además de la gobernabilidad, el organismo calificó los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, una estancia digna, la reinserción social del interno y la atención a grupos de internos con requerimientos específicos, donde en promedio el mejor calificado resultó el penal de Tepexi, colocando a Puebla en segundo lugar y a Tehuacán en último con una calificación reprobatoria.
Detalle de evaluación al Cereso de San Miguel
1) Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno (7.3)
En este rubro, el penal capitalino señala que los servicios para mantener la salud de los internos hay insuficiencia de medicamentos y material de curación, así como en la unidad odontológica y la atención psicológica. No existe registro de la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular y son malas acciones para atender incidentes y no existen procedimientos de atención de la tortura y/o maltrato. Se hace énfasis en las deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas y la comunicación de los internos con los Organismos Locales de Protección a Derechos Humanos (OLPDH) e insuficientes facilidades a su personal en el desempeño de sus funciones y restricciones en el acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos.
2) Aspectos que garantizan una estancia digna (6.27)
No cuenta con un centro de observación y clasificación de dormitorios, además de que la capacidad de los mismos es insuficiente, al igual el área de visita íntima. Hay pésimas condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, así como en cocina, comedores y áreas deportivas.
Hay también deficiencias en las condiciones materiales del área médica, en la elaboración, distribución y cantidad de los alimentos, y dietas especiales, así como escasos utensilios para el consumo de alimentos.
3) Condiciones de gobernabilidad (5.54)
En este rubro se destaca una insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de que alertan a los internos, controlan la seguridad del penal y de actividades ilícitas que se registraron tales como presencia de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, así como de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población, cobros por protección, mantenimiento de los dormitorios y servicios de las áreas técnicas, irregularidades que vulneran el debido proceso en la imposición de las sanciones disciplinarias
Se menciona en el estudio que hay carencia en la normatividad que rige al centro, ya que no cuenta con manual de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión de visitantes ni hay Consejo Técnico Interdisciplinario.
4) Reinserción Social del Interno (6.91)
En esta área resalta una falta de separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes, así como una deficiente administración en los expedientes de los internos.
5) Grupos de internos con requerimientos específicos (7.29)
Los hijos de las mujeres que viven en el Cereso no cuentan con una alimentación adecuada, mientras que los adultos mayores carecen de bastones, muletas y sillas de ruedas. En tanto, la población con VIH/Sida no son reubicados por motivos de salud, aunado a un deficiente programa de prevención voluntaria de esta enfermedad, al igual que los internos con distintas preferencias sexuales. Finalmente, los grupos indígenas no cuentan con intérpretes suficientes para mejorar su comunicación y el trato a personas con discapacidad es deficiente.
A nivel nacional, Aguascalientes fue el estado mejor calificado, mientras que Puebla se coloca en el séptimo lugar por debajo de Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco y Chihuahua. Los estados de Nayarit, Tabasco y Guerrero fueron los peor evaluados en este estudio con calificaciones reprobatorias en todos los rubros.
