La empresa TAPSA o Dégremont llegó a cobrar más de 2 mil millones de pesos tan sólo en los últimos diez años de operaciones desde noviembre del 2001 a febrero del 2012, reveló el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).
En este tiempo, fue en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores, cuando más cobró la empresa de origen francés por supuestamente sanear el agua de Puebla, como consta en la respuesta a la solicitud de Acceso a la Información de Intolerancia Diario.
Incluso al finalizar la administración melquiadista, en diciembre del 2004, Dégremont recibió más de 777 millones de pesos en un solo mes, cifra que por sí sola rebasa a lo pagado durante los seis años siguientes.
En el tiempo informado del gobierno de Melquiades Morales Flores, las cifras pagadas fueron enormes comparadas con las posteriores, las que sumadas llegaron a más de mil 300 millones de pesos, más del doble de lo pagado en el sexenio de Mario Marín Torres.
Los números revelan que de noviembre del 2011 a diciembre del 2004, los montos pagados a Dégremont llegaban a superar hasta los 15 millones de pesos mensuales, tiempo en que fungía como secretario de Finanzas el actual gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Una vez llegando el gobierno de Mario Marín Torres, los pagos bajaron a la mitad, entre los 7 y 8 millones de pesos mensuales y solamente en dos ocasiones se pagaron cifras superiores a los 10 millones de pesos.
Finalmente en el primer año de gobierno del actual mandatario Rafael Moreno Valle —y exsecretario de Finanzas de Melquiades Morales—.
Dégremont aún cobró más de 100 millones de pesos de febrero del 2011 a febrero del 2012.
Según la información entregada por SOAPAP, la empresa de saneamiento de agua en total cobró de noviembre del 2001 a febrero del 2012, alrededor de 2 mil 18 millones de pesos al gobierno de Puebla.
De estos más de mil 300 millones de pesos fueron pagados por el gobierno de Melquiades Morales Flores, de noviembre de 2001 a enero del 2005 y cerca de más de 600 millones de pesos en el sexenio marinista, con los 110 millones, aún pagados por Moreno Valle.
Bajo candado
Cabe decir, que la información sólo fue entregada mediante una recontraorden al SOAPAP de parte de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), los que se negaban a abrir el expediente de la empresa TAPSA o Dégremont, tras haberla clasificado.
De manera arbitraria y unilateral el SOAPAP determinó no entregar la información, debido a que existía un proceso legal en el caso.
Vía telefónica, Orlando Ulises Martínez Plancarte, titular de la de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del SOAPAP, señaló que no iban a entregar la información ordenada, ya que dieron aviso a la CAIP, que no lo harían por estar bajo un proceso jurídico, a pesar del resolutivo.
Ulises Martínez, señaló sin mayor explicación jurídica, señaló que simplemente no entregarían lo que cobró Dégremont durante todo este tiempo.
—Ya informamos a CAIP que no se dará la respuesta —dijo el funcionario de SOAPAP.
—Pero ya hay un resolutivo —se insistió.
—Pero ya informamos.
—Pero a nosotros no nos informaron.
—Pero a CAIP ya y es que no podemos responder.
—¿Saben que supuestamente es inapelable el resolutivo?
—Nosotros hicimos lo conducente e informamos.
—Pero a mí no me informaron.
—A CAIP sí, y creo que CAIP tenía la obligación de informarle.
—¿Por qué motivo no dan la información?
—Porque el caso está en juicio de garantías.
—¿A pesar de que ya hubo el resolutivo que no afectaba el proceso?
—Sí, de hecho es lo que le manifestamos a la comisión.
Todo a pesar de que la CAIP, en su resolutivo 35/SOAPAP-03/2012 había determinado que dicha información no afectaba en nada los procesos judiciales en contra de la empresa encargada de sanear aguas residuales.
Tras la inconformidad oficial por el desacato, CAIP dio una nueva orden a SOAPAP para entregar la información en tres días hábiles, con la amenaza que daría vista a la Secretaría de la Contraloría (SC), la que podría sancionar con deshabilitación de funcionarios públicos, como marca la Ley de Transparencia.
Sin embargo, en el tiempo especificado en la Ley de Transparencia, finalmente se entregaron los datos.
Pero el SOAPAP en su respuesta afirmó que la entregaba soóo porque el juicio había terminado al determinar un juez federal no darle el amparo a la empresa Dégremont, haciendo a un lado la orden de CAIP.
“Este Sujeto Obligado, pone a su entera disposición mediante su correo electrónico señalado por usted, la información solicitada en el formato y términos solicitados (…)”, dice la respuesta oficial
“Lo anterior es así, en virtud de que la situación jurídica ha cambiado. En atención a que efectivamente existe una sentencia judicial emitida por el juez Décimo Segundo de lo Civil que posibilita poner a su entera disposición la información solicitada, situación que se considera en este momento no pone en riesgo el juicio frente a la demandada TAPSA, SA de CV al haberse ganado la instancia legal correspondiente”, se afirma.
“Bajo las relatadas circunstancias, es claro que la publicidad o bien la difusión del monto facturado, en este momento no pone en riesgo los intereses públicos de éste Sujeto Obligado”, concluye la respuesta.
Historia negra
En enero del 2011, Intolerancia Diario reveló en una serie de reportajes como la empresa Dégremont —de origen francés—, ha tenido un fracaso ecológico en más de una década de trabajo, en la que no ha podido descontaminar las aguas residuales.
Pero el problema no sólo quedaba en la polución del agua, sino en que el (SOAPAP), se endeudó por cerca de 2 mil millones de pesos inútilmente para pagar las instalaciones de la firma.
El 25 de enero de 1999, durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz se concedió —mediante una pobre licitación— la elaboración del proyecto ejecutivo, financiamiento, construcción equipamiento y la puesta en marcha de cuatro plantas de tratamiento.
Las plantas tienen una capacidad de 3.6 metros cúbicos por segundo, a Triturados Basálticos y Derivados SA y Dégremont, empresas que se asociaron en Tratamiento de Agua de Puebla SA, por un plazo de 20 años.
En el contrato el SOAPAP, se comprometió a amortizar la inversión mediante el pago mensual de una tarifa por metro cúbico tratado.
Además convino cubrir la inversión y ofrecía rendimientos sobre el capital invertido por TAPSA y Dégremont para lo cual el SOAPAP adquirió créditos por un total de 744 millones de pesos.
El pago de la tarifa representó una carga financiera para el SOAPAP, por tal motivo en octubre del 2004 se llegó a un acuerdo con la empresa, a través del cual la dependencia adquirió las Plantas de Tratamiento por 764 millones de pesos, con un nuevo crédito por 782 millones de pesos con Banco del Bajío
Al 2009 los pasivos de este organismo iban en aumento, contrayendo más deuda por 650 millones de pesos con Banobras, crédito que actualmente se está pagando.
Los organismos no gubernamentales han denunciado constantemente a las autoridades por encubrir el incumplimiento de contrato que siempre ha favorecido a la concesionaria.
El convenio establece la prohibición de tratar más agua de la acordada y además de que sí la carga de contaminantes en el afluente rebasa los parámetros establecidos arbitrariamente en el contrato el mismo SOAPAP debe pagar a la concesionaria.
El tratamiento de agua que se construyó en estas cuatro plantas, desde origen careció de certeza, ya que un tratamiento físico-químico para remover carga orgánica producto de las aguas servidas es ineficiente y por ende muy costoso.
Sin embargo, Dégremont siempre se amparo en que el agua del afluente y el gasto recibidos no fueron los acordados y por ello presumía una inocencia falsa.
Agua turbia
Las críticas al mal trabajo o la estafa ecológica, fueron vertidos por especialistas durante varios años, entre ellos investigadores de la UDLA y UPAEP, especialistas ambientales y hasta gerente regional en Puebla de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Manuel Beristain Rodríguez
Sin embargo, a los ciudadanos de Puebla capital se les cobró cada bimestre un impuesto de 4.85 pesos por cada mil litros de agua que viertan al drenaje por concepto de saneamiento, aunque realmente no sea limpiado el vital líquido.
Las plantas de tratamiento en el río Atoyac y en la barranca de El Conde funcionaron al 50 por ciento de los niveles requeridos, señalan reportes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a pesar de los cobros millonarios.
