Se dice que próximamente, el aparato político y mediático del gobernador Moreno Valle caerá con todo en contra de quien fuera su Secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña, a quien se le culpará del amparo obtenido por el ex Secretario de Obra Pública del gobierno de Mario Marín, Javier García Ramírez, que impide que pise la cárcel a pesar de las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por el gobierno de Puebla.
Una vez fuera del gabinete, el plan es convertirlo en el chivo expiatorio de este caso, cuando él sólo siguió al pie de la letra las órdenes directas del gobernador y del Procurador Víctor Carrancá, quien recibió la tarea directa del mandatario de operar la estrategia jurídica para procesar legalmente al marinista.
No hay que olvidar que el amparo lo obsequia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por deficiencias en el proceso de fundamentación del proceso penal contra García Ramírez y los argumentos esgrimidos para haberse girado la orden de aprehensión correspondiente, lo que sin duda cae dentro del ámbito legal de la Procuraduría y no de la dependencia que hasta hace muy poco encabezaba Piña Kurczyn.
¿Y el procurador Carrancá?
¿Qué tendrá que decir al respecto?
¿Pagará algún precio por sus errores?
Si hay alguien responsable de las pifias operativas en el caso García Ramírez, es él.
