El legislador local del Partido Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, señaló que las sesiones del Poder Legislativo deben ser públicas, por lo que demanda que todas las sesiones tanto del pleno como de las comisiones sean públicas.
Cabe señalar que actualmente los diputados pueden decidir si las sesiones de las comisiones son públicas o privadas. En la mayoría de los casos, los legisladores deciden la privacidad de las reuniones de las comisiones, siendo que en las mismas se discuten actos de interés de todos los ciudadanos, como nuevas leyes, modificaciones legislativas, temas presupuestales y el destino de recursos públicos, sin que los ciudadanos tengan acceso al modo como se toman estas decisiones, a pesar de que tocan directamente sus intereses.
En ese mismo sentido, la propuesta pide reformar los artículos 109 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso del estado. Cabe recordar quel el pasado 24 de julio la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó esta iniciativa de ley, la cual fue turnada a comisiones.
En su propuesta, el diputado local citó al especialista Samuel Bonilla Núñez quien valora las ventajas de la transparencia y en la máxima publicidad de los actos de gobierno, para evitar comportamientos ajenos a los intereses de la sociedad. “Con el acceso directo a la información que se genera en las sesiones públicas de los órganos de gobierno los ciudadanos no dependen de la agenda, la selección y la ponderación de la información difundida por los medios informativos, sino que asumen el control sobre esas variables en función de sus necesidades e intereses informativos. Cierto, podrá ser más esporádico el acceso a esta modalidad de información, pero además de ejercer un mayor control sobre el proceso, la información adquirida resultará más pertinente a sus intereses.
”Para hacer posible de forma significativa esta manera de informarse es necesario garantizar a los gobernados el acceso a las sesiones públicas de gobierno con base en el respaldo jurídico, sustentado en el derecho a la información y bajo condiciones establecidas en una legislación específica.
”La libre y adecuada combinación de modalidades para informarse, según las necesidades y posibilidades de cada individuo, resultará de
mayor utilidad que la dependencia de mínimas o pocas maneras para informarse.”
Además, el especialista en temas de información plantea también la importancia que reviste la máxima publicidad de los actos donde los diputados u otros actores gubernamentales toman decisiones, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas no puede remitirse únicamente a entregar documentos sellados: “El derecho a la información implica mucho más que sólo recibir copias de documentos en posesión del gobierno, implica tener un gobierno abierto en sentido amplio.
”Si a nivel doméstico es difícil abrir las puertas del gobierno, desde el exterior de nuestro país, gracias a declaraciones y tratados internacionales, la tendencia es hacia la apertura. La recomendación hecha a México, derivada de la evaluación del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos, pide ‘promover nuevas formas de control social, tales como veedurías ciudadanas para la supervisión de actividades u obras públicas’. En respuesta a esa recomendación, México asegura estar trabajando en los ‘lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realice la administración pública federal’. Es decir, no sólo es conveniente el contacto ciudadano con las actividades gubernamentales, para acceder directamente a la información que en ellas se genera, sino que la presencia y participación ciudadana es necesaria al gobierno para disponer de testigos sobre la limpieza de sus actos.”
En el documento Hacia una ley de sesiones públicas, Bonilla Núñez plantea que se debe considerar ante todo de que la información es un bien público y realiza las siguientes consideraciones: “En la medida que las normas jurídicas ensanchen y profundicen eficientemente el derecho de los gobernados a saber sobre el quehacer gubernamental sin duda que los servidores públicos estarán más conscientes de que su trabajo puede ser vigilado en cualquier momento, no sólo por los medios de información sino por cualquier persona que solicite información sobre su trabajo o que presencie su desempeño en sesiones públicas.
”El efecto de la posibilidad de saberse observado o de poder ser observado puede constituir en algunos casos un factor disuasivo, inhibitorio de la comisión de actos de corrupción. La influencia de ese factor se verá reforzada por la difusión de casos exitosos de detección de actos indebidos mediante cualquiera de las modalidades del derecho de acceso a la información pública. Si los gobiernos fomentan entre la sociedad un amplio ejercicio del derecho a saber podrán disponer de aliados en la vigilancia, disciplina y combate a la corrupción que le serán de gran utilidad.”
