Un auténtico engaño es la Ley de Educación Superior (LES) que este día aprobará el Congreso local, ya que no representa ninguna mejora a la calidad de la enseñanza en este sector; pero en cambio sí incorpora fines mercantiles tendientes a beneficiar a unas cuentas universidades privadas de Puebla y a un puñado de empresas certificadoras que se han vuelto un jugoso negocio, que nadie vigila o sanciona y que cuya función atenta contra el principio constitucional de que la educación es regulada y evaluada por el Estado mexicano.
Los diputados ayer en comisiones apenas le destinaron cuatro horas para su discusión y se aprobará sin que se midan las consecuencias de esta nueva legislación. Las prisas con que se dictaminó y se acabará aceptando por el pleno del Congreso local, obedece a que es un asunto que busca dejar zanjado lo antes posible por Luis Maldonado Venegas, ante la posibilidad de que en las próximas semanas renuncie a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para incorporarse al equipo de transición de Enrique Peña Nieto.
Puebla será el primer estado en el país que tenga una LES, pero no porque en la entidad poblana, y en particular en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, haya la intención de estar a la vanguardia en el mejoramiento de la educación superior, sino porque en otras entidades se ha considerado un auténtico absurdo crear un ordenamiento específico en la materia, cuando es una actividad regulada desde el ámbito federal.
Además, sí se sigue esa tendencia, entonces también habrá que crear una ley de educación básica, otra de media superior o de estudios tecnológicos. Y eso llevaría a que en el país brotaran docenas de legislaciones en materia educativa, cuando se supone que hay leyes generales en el ámbito federal y estatal que regulan toda la enseñanza.
Esta ley surge por dos motivos de orden político y mercantil. El primero es que en campaña Rafael Moreno Valle prometió mejorar la educación superior y acabar con las universidades medianas y pequeñas, llamadas peyorativamente “patitos”. Sin embargo, cuando inició la administración morenovallista en la SEP se dieron cuenta que no es una tarea fácil ni legal el buscar cerrar muchas de dichas instituciones.
Por esa razón, la SEP le ha apostado a dar golpes mediáticos en lugar de buscar verdaderos mecanismos de mejoramiento de la educación superior. Para muestra está el retiro reciente de Registros de Validez Oficial de Estudios (Revoes) a un grupo de universidades, que en la mayoría de los casos eran centros de enseñanza que ya no funcionaban.
La segunda razón es que la UPAEP –junto con otras universidades privadas– presionó y el gobierno de Moreno Valle cedió para imponer los procesos de certificación, por medio primero de un decreto que Luis Maldonado emitió a finales de 2011 y ahora es una exigencia que se afianza en la LES, que llevará a la quiebra a muchas instituciones de educación superior que a largo plazo no podrán sufragar los costos de empresas privadas que sin ninguna regulación, hacen cobros onerosos por dichos procedimientos.
El promedio actual que cobra una empresa para certificar un programa de una universidad privada es de 100 mil pesos. Algunas compañías le agregan los costos de viáticos del personal encargado de esa tarea. Y se supone que ese gasto se debe hacer cada tres años, mismo que las instituciones buscan recuperar mediante el alza de colegiaturas.
Lo grave de dicha situación no es sólo el costo, sino que el grueso de las empresas certificadoras son negocios de ex funcionarios de la SEP federal o de los estados, son compañías que no están reguladas, y por tanto no existen parámetros claros para establecer criterios de calidad en los procedimientos que aplican a las instituciones de educación superior.
La parte más cuestionable es que desde 1930 se estableció en México la rectoría del Estado sobre la educación y que ésta se ejercería por medio de las supervisiones escolares. De tal manera, que los procesos de certificación están fuera de la norma Constitucional.
En ninguna parte de la Carta Magna, en específico en el artículo 3 constitucional, y en la Ley General de Educación, se menciona que las universidades deben certificar sus programas y procesos administrativos. Y mucho menos marca que la regulación que deben hacer los gobiernos federal y estatales se tiene que hacer por medio de empresas privadas.
Por tanto, aunque este día se reciba con bombo y platillo la nueva LES, al final es letra muerta, ya que si una universidad no quiere someterse a un proceso de certificación puede recurrir a la vía del amparo para oponerse a la aplicación de esa legislación y reclamar, que solamente debe cumplir con lo que marcan los requisitos para obtener un Revoe y le marca un supervisor escolar.
El problema es que el amparo no soluciona el hostigamiento que ejerce la SEP, por distintos mecanismos discrecionales, contra las universidades que se opongan a las certificaciones.
Regresando al tema de la calidad de la educación, que se supone es el objeto principal de la LES, resulta que es una ley que no marca nada al respecto. Fuera de modificar algunos procedimientos administrativos, no se tiene ningún avance. Por tanto es un fiasco promovido por el diputado Mario Riestra Piña, el supuesto autor del proyecto, del que se sabe que en realidad salió de la SEP.
En Estados Unidos pese al dominio de la educación privada, las universidades que demuestran proyectos reales y de largo alcance para mejorar la calidad de su educación reciben financiamiento público para poder concretar sus objetivos.
Eso se tendría que haberse hecho en Puebla en la LES, un sistema de financiamiento para las universidades privadas que demuestren alcanzar metas de calidad en la educación y la investigación. Eso no ocurre. Todo se reduce al tema del negocio de las certificaciones.
Y por si no fuera poco, la LES permite que cada universidad privada defina su modelo educativo a seguir. Eso significa que algunas instituciones pueden seguir modelos religiosos y darle al traste al principio constitucional de que la educación debe ser laica.
Al final con el actual Congreso, Puebla vive un proceso de involución, y en mucho se debe a la ausencia de una clase política liberal o de izquierda.
