Ahora que Patricia Leal Islas regresó a la Secretaría de la Contraloría se encontró con algunas novedades como es el caso de nuevos juicios de amparo por parte de los marinistas que anteriormente había sancionado.
Tal es el caso del ex director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Blas Villegas Lara, quien impugnó formalmente la inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos y la multa de 1.6 millones de pesos.
Villegas Lara estableció en su demanda de amparo 1079 / 2012 del Juzgado Sexto de Distrito que la contralora, Patricia Leal Islas, no respetó su derecho de defensa y no le permitió aportar pruebas a su favor.
En estos momentos el juicio está en proceso y hasta la fecha el ex colaborador de Mario Marín Torres no ha logrado derrotar a la contralora.
Ahora es comprensible el por qué era urgente para el gobernador Rafael Moreno Valle que regresara Leal Islas, y no dejó en el cargo a Eugenio Mora Salgado.
El mandatario sabe que todo el esfuerzo que hicieron en la Secretaría de la Contraloría para armar los expedientes en contra de los marinistas se puede caer si es que no existe una correcta defensa en los juzgados federales.
En estos momentos todos los marinistas involucrados en las sanciones aplicadas por parte de Patricia Leal Islas no tienen otra opción que el recurso del amparo.
Y por eso es que Alfredo Arango García, ex secretario de Salud, pretende recuperar todas sus residencias y bienes asegurados a través de un juicio. En este caso no hay que olvidar que el también ex director del ISSSTEP perdió un amparo contra el proceso penal que lo llevó a la prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Tampoco hay que olvidar que el mismo ex titular de Salud pidió otro amparo contra el actual proceso de determinación de responsabilidades que tienen en su contra en el Congreso del estado de Puebla.
Otro que también está acorralado es el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), Javier García Ramírez, quien está en las últimas instancias de su juicio de amparo que requirió contra el proceso penal y la orden de aprehensión que tiene en su contra.
Javier García Ramírez sigue prófugo de la justicia y es buscado en diversos países por parte de la Interpol, pero sus abogados en Puebla insisten en querer revertir las acciones emprendidas por parte de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia.
Esa misma estrategia fue usada por parte de la familia del ex titular de la Seduop una vez que sus abogados determinaron recurrir al amparo para que la esposa y los tres hijos de Javier García Ramírez puedan recuperar los bienes que les fueron incautados y se enteren si es que tienen alguna orden de aprehensión.
La batalla legal ha sido difícil y hasta por momentos complicadas para los representantes de la Contraloría y de la PGJ porque deben demostrar ante los juzgados federales que actuaron apegados a derecho.
Y una muestra de que el trabajo de Patricia Leal y el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá, ha sido correcto es la reciente notificación al Juzgado Cuarto de Distrito y al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de que Javier García Ramírez se ha reservado su derecho a declarar pese a los diversos requerimientos oficiales que le hicieron.
Es decir, las autoridades poblanas han demostrado hasta estos momentos que las sanciones aplicadas, los bienes incautados y las órdenes de aprehensión han sido apegados a derechos.
Por el momento no existe ningún juicio ganado por parte de los ex colaboradores de Mario Marín Torres que en estos momentos están acorralados.
