Al duro líder del sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Julio Alfredo García, lo pusieron a remojar más de un año en un recipiente de agua fría y ahora quedó blandito, suavecito y esponjadito.
Y es que bajo la premisa de que el miedo no anda en burro, ahora presume a la base trabajadora “el nuevo modelo de trabajo” con las autoridades para evitar el conflicto.
En cada reunión con los agremiados de las diez jurisdicciones sanitarias del estado de Puebla, el líder proclama logros que “vende” a sus representados como si fueran resultado de su gran capacidad de negociación con la administración que en la dependencia encabeza Jorge Aguilar Chedraui.
“Si darle a la base los beneficios que merece significa estar vendido, pues sí, lo estoy”, lo admite abiertamente, mientras observa la foto del secretario y del propio gobernador. Suspiros le arrancan.
Lo que ayer le parecía correcto y funcional con gobiernos priistas, hoy ya no lo es con las autoridades que conducen los destinos del Estado. Resulta que para él y su comité ejecutivo, en nombre del “nuevo esquema” de trabajo ahora todo es colaboración y apego al marco legal, por lo que recursos como el paro laboral tan utilizado hasta el sexenio pasado para hacer valer reivindicaciones laborales ahora ya no son opción.
A Julio Alfredo García habría que recordarle que mientras la dirigencia del sindicato de la sección XXV estuvo en manos de Malco Ramírez Martínez, él se desempeñó en la cartera de Organización, por lo que avaló e impulsó cada movimiento del gremio para ejercer presión cuando fue necesario así se tratara de alcanzar objetivos que no siempre tenían que ver con las demandas laborales del personal afiliado o que al menos eran el disfraz de la verdadera coartada subyacente.
¿Era su responsabilidad o no?
De acuerdo con los estatutos del sindicato sí. En la fracción IV del artículo 98 de ese documento se establece que es facultad y “obligación” de los secretarios de organización “tener a su cargo la organización, movilización y control de los contingentes necesarios para llevar a cabo manifestaciones, desfiles, mítines y demás actos similares”.
Hasta el 1 de febrero de 2011 el paro sindical se utilizó como una medida para presionar. De esta manera prácticamente se le dio la bienvenida al gobierno de Rafael Moreno Valle enarbolando diversas exigencias. Esa sería la última vez que se le permitiría emprender una acción semejante. Sin duda alguna la nueva administración dejó en claro que no se prestaría a las complicidades que en el pasado hubo entre los líderes de la sección XXV y directivos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
Y es que el secretario general muy temprano entendió por su propio bien que Alfredo Arango García (actualmente preso por enriquecimiento ilícito) y las concesiones bajo las cuales se movió la relación entre ambas instancias habían llegado a su fin. Pero esta complicidad pudo subsistir precisamente porque el sindicato fue el medio para hacer llegar a la dirección general de la institución a dicho funcionario.
No hay que olvidar que en febrero de 2009, siendo secretario de Organización Julio Alfredo García, subordinado al líder en turno del sindicato Malco Ramírez, se realizó un paro en todas las unidades de salud y una gran manifestación ante Casa Aguayo exigiendo la “destitución” de Antonio Marín López, entonces a cargo de los SSEP, después de calificarlo de “incompetente y loco” así como responsabilizarlo de las carencias en clínicas y hospitales. Un mero pretexto.
Y es que el prestigiado hematólogo había entrado a la escena tras el escandaloso pleito de pandillas por el control financiero de la secretaría protagonizado entre Roberto Morales Flores y el grupo de marinistas encabezado por Ricardo Villa Issa, este último con orígenes en el ISSSTEP conducido por Arango García, a su vez compadre de Mario Marín. Afuera la presión era directamente ejercida por el secretario de Gobernación Mario Montero Serrano, quien desde su oficina dictaba qué persona entraba y cual era despedida para aislar a Morales Flores.
Desde un principio fue un hecho conocido por todos que Antonio Marín resultó ser la intervención directa de la federación a través del doctor Córdova Villalobos para poner orden, una circunstancia que se mantuvo hasta que el resultado de las elecciones favoreció a los candidatos a diputados del PRI en los comicios de ese año, lo que le envió un mensaje contundente al presidente Felipe Calderón en el sentido de que el control de la plaza era absolutamente marinista.
El resultado no se hizo esperar, las presiones finalmente surtieron efecto y Antonio Marín tuvo que abandonar la dirección general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla para dejarle el camino libre a Alfredo Arango García al frente de la misma durante los dos últimos años del último gobierno priista.
Malco Ramírez también se benefició como producto de esta maniobra. Alcanzó la diputación federal como suplente de Juan Carlos Lastiri Quirós (2009-2012) y se colocó en posiciones privilegiadas en los cuadros directivos del Revolucionario Institucional, con más precisión asumió el cargo de secretario adjunto a la presidencia del CDE
¿Y Julio Alfredo García?
Pues se convirtió en el secretario general del gremio de trabajadores de la Secretaría de Salud para quien curiosamente los paros y otras manifestaciones de inconformidad “dejaron de ser útiles como lo fueron en el pasado”, no obstante que han sido una exigencia constante que le han expresado en todos los tonos posibles médicos, enfermeras, personal administrativo en general, en casi todas las jurisdicciones sanitarias adonde se presenta.
El personal sindicalizado de las unidades de salud ha protestado contra la actitud sospechosa y pasiva de sus representantes ante lo que ellos denuncian como abiertas violaciones de sus derechos laborales, abusos de autoridad de jefes jurisdiccionales, maltrato y los ya conocidos despidos de cientos de empleados, entre otros problemas.
Tras el paro del 1 de febrero de 2011 las manifestaciones cesaron. Si acaso a mediados de ese año hubo un intento de suspensión que se canceló por una contraorden que dio marcha atrás con los planes y que obligó a las delegaciones sindicales a mantener ocultas las mantas y las lonas que habían mandado a elaborar.
¿Qué le dijeron al líder sindical en la administración que comanda Jorge Aguilar Chedraui?
¿Acaso el titular de la Secretaria de Salud, extensión del gobernador Rafael Moreno Valle, tenía listo un expediente de Julio Alfredo García como instrumento de negociación al momento de las reuniones?
Son simples preguntas.
Gran simulador
Lo que en cada encuentro con sus representados expone Julio Alfredo García como los “resultados de su comprometido trabajo”, es algo que así quiere hacerlo creer o que le han hecho creer.
Por ejemplo, se jacta de haber conseguido que unos 4 mil trabajadores homologados tengan ya los mismos beneficios que las Condiciones Generales de Trabajo reservan a los empleados de base (otro número casi equivalente) y que los ingresos por concepto de sueldos y salarios se nivelaran sin distingos a partir del presente año.
Según él fue una “proeza de proporciones sin referente” lograr que el gobierno estatal echara mano del presupuesto sin tener las partidas etiquetadas pues los diputados de la pasada legislatura estatal no tomaron en cuenta esta necesidad en la ley de Egresos una vez que se supo que el PRI había perdido la elección de gobernador.
Y claro, dicho así suena muy convincente para cualquier “incauto” bien intencionado trabajador que no esté informado. Pero para aquél más acucioso y suspicaz suena, con razón, manipulador y poco creíble.
La nivelación salarial del personal regularizado requirió la aplicación de 450 millones de pesos que, según el propio líder sindical, los puso el gobierno estatal sin disponer del presupuesto para ello. La federación subrayó subejercicio de recursos en la Secretaría de Salud en tiempos de Arango García y nadie de la dirigencia sindical -incluido Julio García- dijo algo al respecto.
El pliego de observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación al gobierno de Puebla en su gestión dio cuenta de un subejercicio de 80% de los recursos, y cuestionó el manejo de 4,515 millones de pesos que tuvo a su disposición la dependencia en la entidad solo durante 2010.
Por la revisión al ejercicio el órgano fiscalizador emitió 26 recomendaciones a la administración estatal, 16 promociones de responsabilidad y levantó 10 pliegos de observaciones primordialmente acerca del mal aprovechamiento de las transferencias federales por concepto de Seguro Popular así como del Fondo de Aportaciones.
Es precisamente este último la clave de la controversia. El destino de los recursos del Ramo 33, de donde se origina el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), está regulado por el artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden a los estados con base en los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud.
El criterio de asignación y fórmula para su distribución precisa que el monto de los recursos que integran este fondo se determina anualmente en el presupuesto de Egresos de la Federación a partir de los siguientes elementos establecidos en el artículo 30 de la LCF:
· Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social
· Recursos presupuestarios con cargo a las Previsiones para Servicios Personales transferidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para cubrir el gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones autorizadas por incrementos salariales, prestaciones y medidas económicas.
A diciembre de 2010 el estado de Puebla dispuso de 2 mil 41.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones. De esta cantidad sólo se ejercieron mil 751 millones (85%) pero sólo se cumplió 25% de las metas previstas. Así que ¿Por qué el dinero habría sido el problema como mañosamente lo propone Julio Alfredo García?
Los trabajadores regularizados (médicos, enfermeras, técnicos en salud, laboratoristas y otros) acumularon un rezago importante en sus ingresos porque estuvieron recibiendo una nómina con un tabulador correspondiente a 2007.
La homologación del personal, cuyo costo por concepto de sueldos, derechos y prestaciones ascendería a unos 1,800 millones, no fue en consecuencia un favor de la administración estatal. Este proceso fue parte de una política federal sexenal hacia el sector en todo el país que se iría completando en cada entidad federativa con base a la agilidad que se observara en la regularización de los trabajadores.
El estado de Puebla ha sido de los últimos en cumplir con los ordenamientos del gobierno de la República y si se ha empezado a aterrizar es porque está por concluir el mandato de Felipe Calderón.
¿Por qué no se le exigió a Arango García el cumplimiento de estos compromisos cuando dispuso de un mundo de dinero? ¿Por qué tampoco hubo manifestaciones o paros con esta finalidad durante su gestión?
Y, además, si era un tema plenamente conocido el de las fundadas sospechas por mal manejo de los recursos en la secretaría ¿quién de los dirigentes alzó la voz para que se pidiera la intervención de una autoridad mayor toda vez que estaban de por medio el aplazamiento de los pagos al personal?
Ahora todo mundo culpa a Arango García pero el refrán popular dice: “tiene tanta culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata”
Estos y otros cuestionamientos tendrían que ser respondidos puntualmente por Julio Alfredo García antes de volverse a parar frente a los trabajadores que representa con ese aire de grandeza que tanto ostenta. De otro modo su cambio de filosofía laboral no se explica, mucho menos haber mudado su papel de “golpeador a reformado líder negociador”.
