La difusión de un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reavivó la controversia sobre sus contactos con autoridades de Estados Unidos, luego de que en la grabación manifiesta su disposición para cooperar con el FBI y compartir información obtenida en las mesas de seguridad.
El material fue dado a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, quien señala que la conversación ocurrió entre la mandataria, un supuesto intermediario vinculado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un agente especial. Durante el diálogo, el interlocutor le comunica que las agencias estadounidenses consideran poco productivas las reuniones previas y le plantean una última oportunidad para dialogar con una procuradora que evaluaría posibles cargos.
En la grabación, Marina del Pilar pregunta si existe la posibilidad de enfrentar una extradición o sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y afirma estar dispuesta a colaborar.
Asimismo, señala que puede compartir información obtenida en las mesas de seguridad y sostiene que ha mantenido reuniones con autoridades del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También expresa que no desea viajar a territorio estadounidense y propone que un eventual encuentro se realice en México.
Tras la publicación del audio, la gobernadora reiteró que las grabaciones corresponden a una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente esa representación.
La mandataria aseguró que cualquier referencia a cooperación corresponde únicamente a los mecanismos institucionales de coordinación en materia de seguridad entre Baja California, el Gobierno de México y autoridades de Estados Unidos, dentro del marco legal y sin subordinación.
También afirmó que está dispuesta a atender cualquier requerimiento formal de las autoridades competentes y rechazó las interpretaciones realizadas a partir de fragmentos aislados de la conversación.
Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado oficialmente la existencia de investigaciones penales, acusaciones formales o procesos judiciales contra la gobernadora.
