Bajo la premisa de “verdad, justicia y defensa de la soberanía” frente a Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura ante los señalamientos difundidos desde el sistema de justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado.
“No vamos a proteger a nadie, pero tiene que haber pruebas”, sostuvo.
Sheinbaum precisó que el documento referido por autoridades estadounidenses plantea detenciones provisionales con fines de extradición, lo que activa un proceso específico dentro del marco jurídico mexicano.
Explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR):
- Allegarse de pruebas para poder abrir una carpeta de investigación
- Realizar una revisión exhaustiva de los elementos enviados
- Integrar el expediente conforme a la legislación nacional
Una vez integrado, el caso pasaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que funge como enlace con el gobierno estadounidense en materia de extradiciones.
La presidenta subrayó que la Fiscalía debe actuar con base en la legislación mexicana y dentro de la jurisdicción nacional, no a partir de presiones externas.
🚨 “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”: La presidenta @Claudiashein responde a las acusaciones de EE. UU. contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, señalando que no se encubrirá ningún delito, pero advierte que la falta de pruebas claras evidencia un trasfondo… pic.twitter.com/1OTP84GPGs
— RETO diario (@retodiariomx) April 30, 2026
El punto de quiebre: pruebas y soberanía
La mandataria insistió en que cualquier acción legal requiere pruebas fehacientes y contundentes, y reiteró que no habrá trato diferenciado por filiación política, ya que el gobernador de Sinaloa y la mayoría de los imputados por Estados Unidos pertenecen al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Al referirse al marco constitucional, citó el Artículo 39 de la Constitución Mexicana: “La soberanía del país dimana del pueblo”.
El caso se da en medio de un contexto de presión creciente desde Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, donde procesos judiciales, testimonios protegidos y expedientes han comenzado a escalar hacia actores políticos.
Lista de funcionarios señalados y cargos atribuidos en EE. UU.
De acuerdo con información difundida a partir de referencias a documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los siguientes perfiles han sido mencionados con cargos relacionados con delincuencia organizada:
- Rubén Rocha Moya:
Conspiración para importar estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseerlos.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Enrique Inzunza Cázarez:
Conspiración de narcotráfico y delitos con armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Enrique Díaz Vega:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Dámaso Castro Saavedra:
Conspiración de narcotráfico y posesión de armamento prohibido.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Marco Antonio Almanza Avilés:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Alberto Jorge Contreras Núñez:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Gerardo Mérida Sánchez:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - José Antonio Dionisio Hipólito:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Juan de Dios Gámez Mendívil:
Conspiración de narcotráfico y armas.
Pena posible: cadena perpetua o mínimo de 40 años. - Juan Valenzuela Millán:
Conspiración de narcotráfico; delitos con armas; secuestro con resultado de muerte.
Pena posible: cadena perpetua obligatoria.
