En una sesión marcada por el consenso generalizado, pero con momentos de tensión entre bancadas, la Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta por el Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, endurece las sanciones contra este delito que azota a miles de mexicanos y se turnará al ejecutivo federal para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La votación en lo general se dio por unanimidad, con 450 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo que refleja un respaldo amplio de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro. Sin embargo, en lo particular, el dictamen se aprobó con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, evidenciando desacuerdos en detalles específicos.
Entre las modificaciones incorporadas por el Senado destacan la inclusión de una perspectiva de género y el ajuste en las penas mínimas y máximas, elevando el tipo penal básico a 25 años de prisión, con agravantes que pueden extender la condena hasta 42 años.
#ÚLTIMAHORA | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. pic.twitter.com/vp7QwYLmzT
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 26, 2025
Endurecimiento de penas y mecanismos de protección
La nueva ley establece una pena mínima de 15 años de prisión para el delito base de extorsión, que se eleva a 25 años en su forma agravada, y hasta 42 años en casos con 34 agravantes contemplados, como el cobro de piso, la victimización de menores o migrantes, el uso de armas, la participación de servidores públicos o los conocidos “montachoques” en accidentes de tránsito intencionales.
Se prohíbe la libertad anticipada o reducciones de condena, y el delito ahora se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia formal de la víctima, un cambio clave para proteger a quienes temen represalias de grupos criminales.
Además, se permite la denuncia anónima a través del 089 o redes sociales, con resguardo de la identidad de víctimas y testigos. La ley faculta el bloqueo inmediato de números telefónicos y cuentas vinculados a extorsiones vía telecomunicaciones, y reforma códigos como el Penal Federal, el Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
“Esto cierra el paso institucional a los delincuentes”, destacó el diputado emecista Juan Ignacio Samperio durante la discusión.
El Gobierno federal complementa la norma con un plan nacional en cinco ejes: inteligencia para detenciones, unidades antiextorsión estatales homologadas, protocolos contra la revictimización, capacitación para el 089 y campañas de prevención dirigidas a ciudadanos y negocios.
Se rectifican y modifican artículos
Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado del PAN, argumentó que hoy la minuta regresa del Senado con modificaciones que coinciden exactamente con lo que “aquí les explicamos”; se rectifica y modifica el artículo 17, fracción quinta, para dejar claro que lo que agrava la extorsión es el uso de servicios de telefonía y sistemas de telecomunicaciones de manera específica y “no esos medios de comunicación que ustedes inventaron y que jurídicamente no tenían ni pies ni cabeza”.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que, en un sistema bicameral como el nuestro, revisar los actos de la colegisladora deberían ser algo normal y no tendría ni por qué ofender, ni por qué incomodar a ningún legislador, ni ufanarse, porque esto es el sistema bicameral. Recalcó que las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra.
Mientras que para el diputado Ricardo Madrid Pérez (PVEM) esta nueva ley se inscribe el esfuerzo del Estado mexicano por combatir la extorsión sin impunidad, por fortalecer el Estado de derecho y mejorar la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Calificó como atinada la modificación realizada por el Senado con relación a la redacción del artículo 17, fracción quinta.
“El agravante previsto se refiere a la utilización de servicios de telefonía y otros sistemas de telecomunicaciones y no a los medios de comunicación dirigidos a un público amplio, ya sea masivo o segmentado”, externó.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, comentó que la transformación significa volver a poner al Estado de pie, fortalecer instituciones, depurar cuerpos de seguridad, profesionalizar la justicia y construir un país donde la ley sí se cumpla y sí proteja; significa garantizar que las prisiones dejen de ser centros de operación criminal, que la extorsión ya no sea parte del paisaje cotidiano; que las mujeres, el comercio, el transporte, el campo y la juventud puedan vivir sin miedo.
La extorsión en ascenso
El delito de extorsión ha escalado alarmantemente en México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2025, se registraron 5 mil 887 víctimas solo en el primer semestre, un aumento del 22.9% respecto al mismo periodo de 2019. Datos del Inegi revelan que, en 2024, más de 23 millones de personas fueron afectadas, consolidando a la extorsión como uno de los crímenes más redituables para la delincuencia organizada. La ley busca homologar el tipo penal en todo el país, evitando que las disparidades estatales beneficien a los criminales.
