El combate al huachicol fiscal en México alcanzó un nuevo nivel con la vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de nueve funcionarios más, entre marinos y exservidores de aduanas. La decisión judicial se dio tras una audiencia de más de 18 horas en los juzgados federales del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados permitieron el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo la apariencia de aditivos, para luego comercializarlos dentro del país evadiendo impuestos. Los acusados enfrentan cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.
Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, fue arrestado junto con otros 13 implicados. En la audiencia se determinó prisión preventiva justificada y un plazo de seis meses para que continúe la investigación complementaria.
Según la FGR, la red de contrabando posee gran capacidad económica y de corrupción, con mecanismos para presionar y cooptar a empresarios y funcionarios. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó que en total se ejecutaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.
Este caso se desprende del histórico decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo pasado, considerado uno de los aseguramientos más grandes de la última década. Posteriormente, en julio, también se incautaron 1.8 millones de litros adicionales y un inmueble en el mismo estado.
El proceso judicial ocurre en medio de tensión tras el presunto suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, encontrado sin vida dentro del puerto. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay certeza de su implicación en la red y reiteró su compromiso de aplicar una política de “cero impunidad” contra el huachicol.
El Gobierno federal estima que el robo y contrabando de hidrocarburos ha provocado pérdidas de casi 4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024.
