En el marco de los foros organizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en diversos organismos de Cuenca, que culminan este 14 de febrero con el foro del Organismo de Cuenca Balsas, diversas organizaciones sociales han expresado su preocupación sobre la gestión del agua en México, resaltando los problemas derivados de su privatización, sobreexplotación y contaminación.
A pesar de que la reforma constitucional de 2012 reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS), su implementación ha sido limitada, lo que ha motivado a más de 150 organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades y profesionistas a colaborar en la creación de una propuesta de Ley General de Aguas (LGA), una iniciativa ciudadana cuyo objetivo es establecer un marco normativo integral para garantizar un acceso equitativo y sustentable al agua.
El foro, al que estas organizaciones se inscribieron, ha puesto sobre la mesa las tensiones entre la LGA y la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN).
En este sentido, han demandado la creación de una única legislación, que abrogue la LAN debido a su orientación mercantilista, la cual, según afirman, ha provocado exclusión y crisis hídricas en el país.
Los participantes han subrayado que mantener dos leyes distintas generaría problemas como duplicidades en los objetivos y contradicciones normativas.
La LGA promueve la equidad y el manejo comunitario del agua, mientras que la LAN sigue apostando por un enfoque basado en concesiones y asignaciones, lo que podría derivar en conflictos.
Además, se señala que la falta de un marco único de participación ciudadana podría hacer ineficientes o contradictorios los mecanismos de consulta, y que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno podría generar inseguridad jurídica.
La propuesta de la LGA busca corregir décadas de gestión ineficaz del agua, tomando como base los principios de sustentabilidad, equidad, participación ciudadana y justicia hídrica.
Entre sus objetivos destacan la restauración y regeneración ambiental, la protección de acuíferos, ríos y cuencas, la garantía de acceso prioritario al agua para pueblos indígenas y comunidades rurales, y la creación de mecanismos efectivos de consulta y rendición de cuentas.
La LGA propone un modelo de gobernanza participativa, con la inclusión de comunidades indígenas, universidades y la sociedad civil en los consejos regionales y zonales de cuenca y agua subterránea.
También se plantea un sistema de concesiones transparente, con mecanismos de vigilancia ciudadana para prevenir la explotación ilegal del agua, así como la municipalización del servicio de agua, transformando los sistemas actuales en municipales e intermunicipales con participación comunitaria.
Ante los problemas actuales de la gestión del agua en México, estas organizaciones insisten en la necesidad urgente de una legislación que priorice el bienestar social y ambiental por encima de los intereses mercantiles.
